El Colegio de Abogados del departamento de Maldonado, emitió un comunicado en relación a la posición tomada en un encuentro nacional celebrado días atrás en Montevideo, ante el prolongado conflicto en el Poder Judicial y el grado de afectación del mismo.

Durante el encuentro, se deliberó extensamente acerca de la compleja situación que se verifica actualmente, en torno al conflicto que afecta el funcionamiento del Poder Judicial, con las consecuencias prácticas e institucionales que ello apareja.

Los representantes de los colegios y asociaciones de abogados de todo el país, reunidos en un Encuentro Extraordinario el 14 de marzo en Montevideo, expusieron la crítica situación en que se encuentra, debido al conflicto judicial.

Señalan que hay incidencia en la tramitación de los expedientes en todos los departamentos, y de “la grave distorsión que afecta a la mayoría de los tribunales”, coincidiendo en que es imprescindible y urgente ponerla en conocimiento público.

Los asistentes resolvieron por unanimidad, lo siguiente:

“1) Apoyar las gestiones llevadas a cabo por el Colegio de Abogados del Uruguay en relación a dicho conflicto, las que reflejan el sentir de la Abogacía Nacional en este momento, compartiendo en especial la nota entregada por dicho Colegio a la SCJ el 11 de marzo pasado.

2) Mantenerse en Asamblea Permanente a los efectos de velar por el pleno funcionamiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos y garantías de los justiciables, facultando al Colegio de Abogados del Uruguay para convocar un nuevo Encuentro cuando las circunstancias lo ameriten.

3) Hacer saber a la opinión pública que las serias dificultades que se están verificando en las Oficinas Judiciales, determinan que no se esté cumpliendo adecuadamente la función jurisdiccional, lo que afecta a todos los uruguayos, impedidos por tal motivo de hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes les otorgan.

Destacan asimismo que más allá del meritorio esfuerzo de algunos Actuarios (y de otros funcionarios), la situación se ve agravada por la falta de un criterio preciso y uniforme para que los Sres. Actuarios valoren las excepciones a las medidas adoptadas y por la actuación de algunos funcionarios que aplican medidas individuales ajenas al marco gremial, todo lo cual contribuye a profundizar el caótico panorama imperante, así como a aumentar el desamparo de los usuarios del sistema de Justicia y las dificultades de los abogados para defender adecuadamente los intereses de los mismos.

4) Encomendar al Colegio de Abogados del Uruguay que solicite a la Suprema Corte de Justicia que le remita a la brevedad y que tenga presente, la información que, en cumplimiento de la Circular Nº 15/2015 de 10 de marzo de 2015, se le ha brindado sobre la realidad de cada una de las Oficinas Judiciales de todo el País y que en ejercicio de sus cometidos constitucionales y legales, adopte las medidas que estén a su alcance conforme a derecho para asegurar el correcto funcionamiento de un Poder del Estado que es la garantía última de la libertad y de los derechos de las personas.

5) Que cada Colegio o Asociación comunique a los Diputados elegidos por su Departamento, la situación existente en los Tribunales respectivos.

6) Manifestar que si bien no se cuestionan los reclamos formulados por los gremios judiciales, considerando la forma en que las medidas dispuestas por éstos se están aplicando en los hechos, las mismas han determinado, por su duración, proyección y alcance práctico, una grave distorsión y en muchos casos la total paralización de los procesos judiciales, comprometiendo al Estado de Derecho, el cual requiere para ser tal, el pleno y regular funcionamiento de todos los Poderes del Estado.

7) Sin perjuicio de las medidas que implemente la Suprema Corte de Justicia para ordenar, uniformizar y asegurar la prestación de los servicios de Justicia, reiterar la exhortación a las partes involucradas para que dentro de los cometidos y responsabilidades de cada una de ellas, contribuyan a resolver el conflicto sobre la base de las normas vigentes y de las sentencias dictadas o que se dicten respecto del tema.

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