Ambas organizaciones valoran el trabajo realizado así como las adhesiones logradas en las urnas el 27 de marzo, que si bien no alcanzaron para derogar 135 artículos de la Ley N° 19.889, dejaron un mensaje, coinciden, tanto para el gobierno nacional como para el departamental.
La Comisión Departamental por el Sí de Maldonado, emitió un comunicado en el que destaca “la inmensa tarea asumida por la militancia a favor de anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración”, que se movilizó primero para obtener más de 800.000 firmas que habilitaran el referéndum.
El comunicado destaca que, “prácticamente la mitad de nuestro pueblo acompañó la iniciativa de derogar los peores 135 artículos de la LUC, por sus contenidos y por el poco tiempo de discusión parlamentaria al utilizarse el mecanismo de ´urgente consideración´ para más de diez temáticas distintas muy importantes…”.
La Comisión, evalúa que en lo departamental, más allá de no obtener la anulación, “hubo 47.542 voluntades” que se expresaron por el sí en las urnas, “una cifra, que seguramente crecerá con el conteo de los votos observados”, y que “impactará en las futuras decisiones del sistema político”.
Finalmente y cerrando la tarea, se señala que “las organizaciones y colectivos que impulsamos este referéndum seguiremos luchando en la defensa de nuestros derechos y nuestras conquistas, así como por mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas”.
También el Frente Amplio de Maldonado, emitió en las últimas horas un comunicado en el que destaca que “el resultado del SÍ fue fruto de un largo camino de movilización que generó un 48,82% de adhesiones en todo el país, además de alcanzar 47.542 votos en Maldonado”.
Agrega que, “con escasos recursos económicos, hemos logrado acercarnos a la gente e informar sobre una ley que desafía las condiciones de vida de uruguayos y uruguayas. Reconocemos el enorme empuje militante, su eco perdurará y sus ganas seguirán andando”.
Se subraya que “la lucha fue grande, los apoyos enormes y la señal más que clara”, porque “el gobierno nacional y el departamental han de respetar lo que ha sido dicho en las urnas y abrir canales de diálogo con la oposición, las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales”.
