Un comité integrado por instituciones públicas y un registro nacional de incidentes, que ahora incluirá a privados, son algunos de los cambios introducidos en la Rendición de Cuentas para el diseño de una estrategia nacional de ciberseguridad.

 

Una jornada sobre “Ciberseguridad y Consciencia Digital”, tuvo lugar este martes 19 de marzo en la Torre de las Telecomunicaciones. La mesa de apertura fue presidida por la titular de Antel, Annabela Suburú, el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito, el director de Netgate, Jorge Pereyra, y el director de la Agesic, Hebert Paguas.

Suburú consideró de gran relevancia el tema del evento, debido al avance tecnológico y la creciente conectividad, que conllevó el aumento de actividades relacionadas con la ciberseguridad. Esto, además, implicó una reducción en los tiempos de respuesta y la necesidad de “protegernos contra posibles ataques a nuestras vulnerabilidades”, dijo.

Consideró, además, que la tecnología y su desarrollo proporcionaron herramientas más avanzadas a individuos u organizaciones que pueden utilizar la información de manera indebida. Por lo tanto, opinó, las instituciones y las personas individualmente deben adquirir nuevas habilidades para protegerse de posibles ataques.

Paguas explicó que la seguridad digital es elemental para el funcionamiento del Estado en Uruguay y está basada en tres pilares de trabajo: ciberseguridad, ciberdefensa y ciberdelito. Por ello, el gobierno introdujo una serie de cambios en la Rendición de Cuentas, para crear una estrategia nacional, incluyendo una serie de modificaciones.

Allí figuran, por ejemplo, la creación de un comité en el que están representados ministerios y empresas públicas, además de la ampliación del Registro Nacional de Incidentes, que ahora integra a los privados. El director de Agesic, recordó que Uruguay ocupa el quinto lugar en las Américas, según el índice de ciberseguridad global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Hebert Paguas consideró asimismo que, aunque un aumento de los controles de este tipo de incidentes no implica una correlación lineal con el incremento de delitos informáticos, se debe avanzar en la planificación conjunta constante, así como en la mejora de la fiscalización, la normativa y la cooperación internacional en la materia.

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