El edil Damián Tort (Lista 32 - Partido Nacional), presentó una propuesta para cambiar varios de los criterios establecidos por la Intendencia de Maldonado, para la adjudicación de los apartamentos del complejo Urbaneste, ubicado en la salida de Maldonado, sobre Ruta 39. Su iniciativa fue elevada a las comisiones integradas de Presupuesto y Vivienda del cuerpo.

En el proyecto remitido a la Junta Departamental por el Ejecutivo, básicamente se propone vender las unidades de Urbaneste a vecinos que prueben 10 años de residencia en el departamento, en Unidades Reajustables (UR), en 120 cuotas y con un aporte inicial del 8% del valor de la vivienda.

La propuesta de Tort, apunta a ampliar las posibilidades para que mas familias puedan acceder a una solución habitacional, mediante criterios diferentes a los que aplica el Mvotma, “que han demostrado no ser efectivos para solucionar el problema de vivienda que tienen las familias en el departamento”, dijo.

La innovación radica en la aplicación de un sistema basado en la capacidad de pago y no en el ahorro. Para Tort, los pagos en UR “tienen un pasado negro para los ciudadanos que han tomado crédito en esa variable, lo que ha llevado a que lo que deben, crezca en forma exponencial en dólares a través del tiempo”.

Sostiene en su propuesta que se debe fijar el precio y las cuotas en Unidades Indexadas (UI), porque es más razonable y evita generar problemas a futuro. “Además, tener la deuda en UI tiene una ventaja para la Intendencia para poder en el futuro obtener fondos extras sobre esas deudas”, argumentó.

En cuanto al plazo de pago, fijado en 120 cuotas (10 años) entiende que es razonable para viviendas altamente subsidiadas “como las de Cerro Pelado, pero no para este caso que el precio es mucho más alto”, por lo cual considera que sería conveniente aumentar el plazo a 180 cuotas (15 años) o 240 cuotas (20 años).

De esta forma, según Damián Tort, se amplía el espectro de ciudadanos que puedan acceder a unidades del citado complejo. Asimismo, y en cuanto a la tasa de interés, propone que en lugar del 2% en UR, se establezca un 4% para los plazos más largos y 2% para el plazo más corto.

Esto, sería a elección del adjudicatario, aunque, “también se podría ofrecer una tasa menor al 4% para los adjudicatarios que tengan la posibilidad de descuento en nómina; esto es altamente positivo a la hora de la cobranza y hoy el BHU lo exige en sus préstamos y le ha permitido entre otras medidas bajar la morosidad”.

En cuanto al ahorro previo, se trata de una exigencia del Mvotma a sus adjudicatarios. “Creemos que es totalmente regresiva ya que tenemos muchas familias que tienen capacidad de pago porque hoy están pagando un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro”, explicó Tort.

“En la práctica acceden a la vivienda las familias que tienen familiares que le prestan ese dinero, por lo tanto, entendemos que se debe eliminar esa exigencia para ampliar el espectro de quienes se puedan presentar al llamado”, que oportunamente libre la Intendencia de Maldonado.

Respecto al requisito de la antigüedad de 10 años de residencia en el departamento, “nos parece una buena medida, pero proponemos que se agregue como elemento probatorio a vivir en el departamento, tres años de credencial del departamento”, propone Damián Tort.

Aclara que quienes no tengan credencial de Maldonado con al menos esa antigüedad, por más que tengan 10 años de residencia probada “no se podrán presentar, ya que entendemos que quien viene a Maldonado con idea de afincarse y vivir, entre otros trámites realiza el traslado de su credencial”.

La propuesta de Damián Tort también apunta a que quienes viven en distintos asentamientos no tengan impedimento para presentarse al llamado que se librará. “Entendemos que es un error ya que los ciudadanos que viven en este departamento debe tener igualdad de condición…”.

“Debemos partir de la realidad que los planes inapropiados que lleva adelante el Mvotma, impiden que muchas familias accedan a una vivienda y por problemas económicos; y no por quererlo muchas familias terminan en un asentamiento; la oportunidad se la debemos dar a todos por igual”, subraya.

Como contra parte, propone que se les exija “la entrega de la vivienda en el asentamiento para evitar su venta o entrega a otra persona; además, es bueno que quienes viven en asentamientos se incorporen a la trama urbana en diferentes barrios y no en barrios exclusivamente creados para las familias asentadas”.

En relación a los ingresos familiares, entiende que “se debe estudiar en cuanto quedaría la cuota con la UI y en los nuevos plazos establecidos, y bajar el mínimo de ingreso y bajar el máximo que entendemos que es muy elevado”, proponiendo que no supere las 70 UR de ingreso.

Respecto a la certificación de ingresos, entiende que se debería tomar como base el de la pareja o matrimonio y solo una pequeña porción de los ingresos de otros integrantes, de manera de evitar que figuren los de miembros del núcleo que eventualmente puedan abandonar el hogar.

Damián Tort recordó que, en el pasado el BHU tomaba todos los ingresos declarados cuando en realidad al momento de comenzar a pagar las cuotas se tornaban tremendamente altas porque lo declarado, en realidad, no era lo que ingresaba a muchas familias.

Para el caso de los ingresos, entiende que se deben probar los de los trabajadores con Historia Laboral exclusivamente, para evitar ocultamientos de ingresos, y además, incluir un seguro de vida en la cuota para proteger a las familias en el futuro, lo cual “se exige en todos los préstamos”.

También entiende que se debe reducir la documentación exigida para la inscripción, tomar declaraciones juradas y posteriormente realizar los sorteos ante escribano público, exigiendo a los beneficiarios “toda la documentación, y en el caso que no comprueben lo declarado, sean eliminados y se llame por su orden a los suplentes”.

Nueva forma

Damián Tort entiende que la política de vivienda llevada a cabo en los últimos años, no ha servido para que familias de ingresos bajos y medios accedan a una vivienda, “siendo el principal obstáculo la imposibilidad de llegar al ahorro mínimo que se pide en el Mvotma o el ahorro previo que pide el BHU o los bancos privados”.

Considera que el gobierno de Maldonado puede modificar criterios y apelar a la capacidad de pago. “Si las familias dejan de pagar alquiler y pasan a pagar una cuota, se logran dos objetivos: que esas familias que carecen de capacidad de ahorro lleguen a tener una vivienda y bajar la presión sobre los alquileres”.

Según Tort, de esa forma se puede lograr a futuro abatir los precios de los alquileres, “logrando favorecer al resto de los ciudadanos que están en las mismas condiciones y sean sorteados en las viviendas que construya el gobierno de Maldonado”.

Para Tort, la prueba más clara de que el sistema de ahorro previo no funciona, es que para la venta de viviendas que ha lanzado el Mvotma en Maldonado, se han tenido que realizar varios llamados, “porque nunca se adjudican todas por falta de interesados”, a pesar de los subsidios a las cuotas.

(Foto: MaldonadoNoticias)