Recrudeció el conflicto que mantienen familias del barrio El Cortijo, ubicado entre camino Lussich y el barrio Los Aromos de Maldonado, con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el BHU que, embargó a la empresa constructora dejando como rehenes a muchas familias. En las últimas semanas se concretaron varios y polémicos remates.

El lunes 13 de agosto, en un clima por momentos de tensión, se llevó a cabo el remate de una finca en las propias oficinas de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) de la ciudad de Maldonado, donde entre los ofertantes se encontraba un funcionario de la misma.

Esto generó la reacción de vecinos de El Cortijo, entre los que se encontraba el actual ocupante de la casa, quien finalmente fue quien la remató. En el lugar se labró un acta en tanto se anunció que la situación se denunciaría a través de los canales correspondientes.

El incidente se registró en pleno remate cuando se estaba pujando y varios asistentes se percataron que una de las personas que estaba ofertando -lo que implicaba hacer subir el precio-, era funcionario de la ANV. La situación quedó documentada en un video.

Aunque en ese momento autoridades locales de la ANV explicaron que el acusado estaba “picando” en representación de la agencia y no en forma particular, y que lo podía hacer hasta por un 90% de la oferta, se entendió que eso no era legal por lo que se radicaría una denuncia.

La casa, finalmente rematada por quien hace unos 20 años habita en ella, fue comercializada en unos US$ 60.000, a partir de una base para la subasta que estaba fijada en los US$ 22.000. Esto generó mucha molestia entre los ofertantes y el propio comprador.

Las autoridades nacionales de la ANV fueron informadas de la situación planteada en Maldonado, por lo que se emitió un comunicado que procura explicar y aclarar “la información que está circulando vinculada a las viviendas pertenecientes al conjunto habitacional El Cortijo de la ciudad de Maldonado”.

La Agencia explica que se están rematando “créditos que están a nombre de un promotor (Nelori S.A.) y que integran los fideicomisos VII, X y XI administrados por la ANV”, y que, “aquellas familias que cuentan con promesas inscriptas a su nombre o compromisos registrados se regularizan refinanciando los saldos adeudados”.

En el mismo comunicado se explica que las viviendas que están a nombre de la empresa Nelori S.A. se deben rematar indefectiblemente “para recuperar los créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para la construcción y sanear la situación legal”.

El primer remate fue realizado el jueves 12 de julio, y “se impidió por parte de algunos asistentes que no dejaron que el remate se realizara con normalidad y la vivienda se remató por la base”, que estaba fijada en US$ 20.000, aclara la Agencia Nacional de Vivienda.

Antes del segundo remate del lunes último, el directorio de la ANV por unanimidad, “definió que ejercería la defensa del crédito, ofrecer hasta donde la ley habilita a hacerlo, 90% del valor de tasación del inmueble”, en base al Artículo 89 de la Ley N° 5.343 en la redacción dada por el Artículo 369 de la Ley N° 19.149.

“El funcionario actuante, siguiendo la directiva de las autoridades, defendió el interés del patrimonio de todos. Se actuó correctamente, impidiendo que se pierda dinero que es de todos. El funcionario de la ANV no oferta para sí sino en representación de la ANV y lo que se busca es defender la base mínima del crédito otorgado, lo que el Estado invirtió al otorgar ese dinero”, se aclara.

Por otra parte, se informa que “los actuales ocupantes de estas viviendas no lo están en forma legítima frente al BHU o la ANV y por lo tanto no existen registros de pago, significando esto que el Estado se ha privado de contar con esos recursos que son de toda la sociedad”.

Finalmente, y en relación al remate concretado el lunes 15 en la sede de la Agencia en Maldonado, se señala que “también se cumplió el fin social, ya que quien compró fue la familia que habitaba la vivienda desde hace 20 años, pudiéndose a partir de ahora legalizar la tenencia, con financiación de la ANV”.

Pedido de informes

Ante los hechos narrados, este jueves la diputada del Partido Nacional, ingeniera Elisabeth Arrieta realizó un pedido de informes a la ANV, en procura de conocer la situación planteada en torno al complejo El Cortijo que ha desembocado en diversas denuncias por parte de vecinos.

La diputada Elisabeth Arrieta pidió información sobre el número de viviendas que están en situación irregular (con deudas) en el complejo El Cortijo, y cuantas viviendas tiene previsto rematar la ANV, y si será mediante remates judiciales o extrajudiciales.

Además, cuantas de las viviendas del complejo están comprendidas dentro de situaciones con créditos adeudados por Nelori S.A., especificando si se encuentran habitadas, y si a su vez en esos casos las familias que las ocupan tienen derechos adquiridos y de qué tipo, entre otras cosas.

Más adelante, también pide explicaciones sobre el procedimiento para realizar los remates, así como los montos de los créditos a recuperar discriminados por unidad habitacional, y detalles del procedimiento establecido para fijar las bases de remates judiciales o extrajudiciales.

Entre otras cosas, la legisladora nacionalista, solicita información sobre el tratamiento que se ha dado a la situación de cada familia que habita una unidad con deuda, a efectos de facilitar el pago de la misma, y en consecuencia acceder a la titularidad del bien.

Por otra parte, la diputada Arrieta pide datos sobre “la situación ocurrida” en el remate realizado el 12 de julio de este año, respecto al que la ANV dice que “… se impidió por parte de algunos asistentes que no dejaron que el remate se realizara con normalidad…”.

También pide detalles de las razones en las que se fundamenta esta resolución, qué evaluación se realizó para determinar cómo impactaría esta medida en la situación de las familias afectadas para acceder a la compra de la vivienda.

Finalmente pide detalles de la resolución del directorio de la ANV respecto a cómo iba a actuar en otros remates, y en base a que normas jurídicas se sustenta la decisión tomada por el directorio, y cómo se informó a la población y en especial a las familias afectadas.

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