A 24 horas de conocerse una propuesta que le realizara el diputado Darío Pérez (FA) al ministro Bonomi y a la Intendenta de Maldonado, el gremio de funcionarios policiales de Maldonado, rechazó de plano la contratación de “policías eventuales”.

La propuesta de Darío Pérez, apunta a realizar contratos -renovables por un año- con “policías eventuales, quienes necesitarán una capacitación de cuatro meses antes de comenzar a cumplir la función”, apoyados por la instalación de cámaras en múltiples lugares del departamento.

Este servicio funcionaría como apoyo a las acciones que se lleven adelante para mejorar la seguridad en el tránsito de todo el departamento, y como respaldo al cuerpo inspectivo, según explicó el legislador y candidato a la comuna en las elecciones de mayo próximo.

Este jueves, el Sindicato Policial de Maldonado, emitió un comunicado en el que se refiere a la contratación de “policías eventuales” prevista en el Artículo 273 de la Ley N° 18719, modificativa de otra ley que databa del año 1957.

En la normativa, se establece que, “serán de cargo de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados del Estado, de los Gobiernos  Departamentales y de las Empresas particulares los servicios especiales que requieran de las Jefaturas de Policías”.

Según Sipolma, la antigua ley se creó en momentos que había una particular demanda en materia de seguridad pública, porque no existía el conocido como servicio 222, que permite tanto a organismos públicos como privados contratar policías.

“Esta modalidad de Policía Eventual es una figura con una total falta de protección al trabajador policial y cumplimiento a la Legislación Laboral del país, más en los últimos años que se lograron grandes avances en esta materia”, remarca el gremio en su comunicado.

Además señala que, “se lograron grandes avances en esta materia” por lo que continuar con una modalidad adoptada hace casi 60 años, “es retroceder en materia laboral”, y es necesario tener en cuenta un informe de la Auditoría Interna de la Nación, realizada a la jefatura de Montevideo.

En la misma, que abarcó, según Sipolma, el periodo 1° de mayo de 2011 - 8 de abril de 2013, se informa que “se contrata personal que no cumple con todos los requisitos establecidos en distintos decretos, como escolaridad y pericia psicológica”.

Además que “el personal eventual es destinado a tareas ejecutivas en unidades de la Jefatura y el servicio especial contratado se cubre en parte con funcionarios policiales incumpliendo lo previsto en el Art. 2 Li. B del Decreto 862/73, los convenios y contratos firmados”.