El jefe comunal, dijo que con la decisión tomada por la Cámara Baja la pasada semana, el inversor no solo puede tomar otro camino, sino que Maldonado pierde un espacio público que había logrado sin ningún costo y que sería para siempre. Confirmó además que, se prepara un recurso para presentar ante la SCJ.

Entrevistado en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, Antía no dudó en calificar la decisión de la Cámara Baja -que la pasada semana hizo lugar a un reclamo de vecinos de La Barra y El Tesoro amparados en el Artículo 303 de la Constitución-, como “una movida política”.

Consideró que la decisión es “ilegal” por lo cual se está elaborando la estrategia para presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuya resolución puede, se lamentó, demorar un año o incluso más. En ese tiempo, admitió que no se sabe que puede decidir el inversor.

Dijo que no está pensada una expropiación de los terrenos linderos al edificio Delamar porque sería un gasto extremadamente alto, por el valor de las tierras en esa zona, y remarcó que le están pasando factura tanto a él como al diputado del FA Darío Pérez, en perjuicio de toda la población.

Se lamentó que se pierdan 130 metros de espacio público que en la negociación con los empresarios que pretenden desarrollar un hotel se habían logrado sin costo alguno, y que se corre el riesgo de que se construyan 2 o 3 casas que apenas dejarían dos estrechos pasajes entre la ruta y el arroyo.

Recordó que incluso se había logrado demoler un local comercial ubicado junto al edificio Delamar, y se había podido encauzar el final de obra que aún sigue pendiente y no permite la comercialización de las unidades ni el pago de los tributos departamentales correspondientes.

El proyecto, cuya concreción en principio está suspendida, preveía la construcción de un pequeño hotel de tres pisos con poco más de 30 habitaciones, cuya planta baja sería elevada dos metros por encima del nivel previsto, de manera de permitir la vista del arroyo desde la Ruta 10.

Insistió en que la resolución de la Cámara Baja de la pasada semana es “ilegal”, porque el Parlamento no tiene potestades para tomar una decisión de esas características sobre trámites administrativos de un gobierno departamental, y que lesiona la autonomía departamental.