Reclaman la incorporación de un servicio de seguridad así como más recursos humanos en el área administrativa, ante un notorio incremento de los servicios que se brindan en el establecimiento.

El viernes 22 de marzo, en asamblea gremial celebrada en el Centro de Salud Vigía de Maldonado, los trabajadores se declararon en pre-conflicto ya que desde hace varios meses reclaman horas de vigilancia ante varios hechos de inseguridad y no ha habido respuestas.

Se amparan en el Decreto 406/88 sobre “prevención de accidentes de trabajo”, donde se señala que se deben ofrecer garantías a los trabajadores. “Han sucedido hechos menores, pero obviamente se visualiza que pueda suceder un tema mayor”, señala un comunicado emitido en las últimas horas.

También solicitan más funcionarios administrativos por haberse centralizado Salud Mental en la citada policlínica, y el Programa Ciudadela, “lo que incrementa la atención de los usuarios continuamente”. Aproximadamente pasan 300 personas por día aunque en agenda para los profesionales se llega a 500.

En tal sentido, se denuncia que la tarea se realiza con un solo funcionario administrativo por turno, y que en cada bipartita y en ASSE se ha solicitado una solución rápida, y la contestación ha sido que se está trabajando en el tema, pero la solución no se visualiza.

Los trabajadores conscientes que al declararse en conflicto afectarían a unas 300 personas por día, se declararon en pre-conflicto, aunque si no reciben respuestas, “se comenzará con medidas gremiales, las cuales se están evaluando… no se descartan paros o una ocupación en el centro, dice el comunicado.

Muchos servicios

A los innumerables servicios que brinda el Centro de Salud Vigía de Maldonado, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00 horas, se suma la enfermería que atiende a unos 1.600 usuarios por mes (unos 20.000 por año), y las consultas médicas y de otros profesionales de la salud que llegan a casi 2.000 por mes.

Los funcionarios, señalan además que, de septiembre a diciembre del 2018, se atendieron 450 pacientes adultos, 250 niños y adolescentes, en el marco de la nueva Ley de Salud Mental, por lo que reiteran que tanto trabajadores como usuarios “están expuestos” a los problemas de seguridad.