La seccional Maldonado de Aebu, emitió en las últimas horas un comunicado de la Comisión Representativa del Brou, indicando que, ante el inicio de la operativa para pasivos de fin de año, que desde hace unos años implementa el Brou para asistir a este sector, desea realizar algunas precisiones, tanto en lo que tiene que ver con el carácter del producto crédito social, como también en relación a la pandemia por el Covid-19.

 

Según estudio del Pit-Cnt, el 70% de los jubilados no llega a percibir $ 30.000 y hay 200.000 pasivos que no llegan a un salario mínimo, es decir $ 16.300. “El crédito social no solo otorga una asistencia a los asalariados, sino que también genera utilidades para el Brou. En los últimos años el 30% de las ganancias generales correspondían a este producto”, se agrega.

“En el bienio 2018-2019, por ejemplo, las mismas fueron del orden de los 1.000 millones de dólares. Creemos, y así lo hemos planteado en todos los ámbitos, que se deberían revisar tanto las tasas que se aplican a este producto, como la pertinencia de continuar gravando con IVA los intereses”, señala el comunicado.

Respecto a la situación sanitaria actual, se advierte que la afluencia masiva de público a las dependencias, aumentará el riesgo de contagio tanto para los clientes como para los trabajadores que los atenderán, por lo cual se exigirá “el respeto a rajatabla de los protocolos definidos, seguiremos de cerca la situación en régimen de sesión permanente, analizando y resolviendo los pasos a seguir”.

“La eliminación de vacantes en presupuestos anteriores, que se profundiza en el actual, impide tener la dotación adecuada en las dependencias para dar una atención acorde, así como mantener ´dotaciones de resguardo´ que garanticen la continuidad del servicio a lo largo y ancho de nuestro país”, se agrega.

“Cualquier dificultad en la continuidad de esta operativa será responsabilidad de los sucesivos directorios del Brou que, con sus continuas políticas de achique y repliegue, no han hecho otra cosa que desmantelar y cerrar sucursales, precarizar tareas, privatizar sectores de los bancos oficiales y poner en riesgo el rol de la banca oficial y las ganancias en beneficio de la banca internacional”, se advierte.

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