El medio centenar de funcionarios que se encontraba sin soluciones desde que la firma Vidaplan S.A. decidiera cerrar el emblemático casino de la avenida Gorlero de Punta del Este, en agosto, serán redistribuidos en las salas de Punta Shopping y Argentino Hotel.
Este miércoles y luego de varias instancias de negociación, se llevó a cabo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la reunión durante la cual quedó solucionado el problema laboral que estaban atravesando los funcionarios estatales del casino Nogaró de Punta del Este.
En la misma participaron la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce), Mariana López; en representación de Cofe, Martín Pereira y José López; y Fernando López en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss).
Finalmente, se acordó que los funcionarios administrativos desempeñarán funciones en la sala Punta Shopping, en tanto que los funcionarios especializados lo harán en el casino del Argentino Hotel de Piriápolis, en ambos casos hasta la reapertura del casino Nogaró.
Los funcionarios, expresaron su más profundo agradecimiento a cada uno de los partícipes en las negociaciones y reconocieron especialmente la gestión realizada por el diputado nacionalista Diego Echeverría, “quien fue pieza fundamental en toda esta negociación”, subrayan.
La incertidumbre
Cabe recordar que, unos 50 funcionarios de la Dirección General de Casinos (DGC) que desarrollaban su tarea en la sala Nogaró de Punta del Este, reclamaban soluciones a su situación, desde que la empresa Vidaplan S.A. decidió no reabrir las puertas de la emblemática sala.
Fernanda Giorgi, funcionaria del casino Nogaró de Punta del Este, había señalado en declaraciones formuladas en el mes de noviembre, que en esos momentos seguían cobrando solo el sueldo básico, que dependiendo de la antigüedad, variaba entre los $ 15.00 a los $ 18.000.
Además, dijo que, a la falta de una solución laboral, porque la alternativa seguía siendo el traslado a salas de otros departamento, la DGC les debía los meses de agosto y septiembre por concepto de una indemnización especial, ya que como funcionarios públicos no cuentan con seguro de paro.
Giorgi explicó que el cierre de las salas de casino provocado por la emergencia sanitaria, generó la creación de esa indemnización para amortiguar el fuerte impacto sobre los ingresos de los funcionarios, que estuvo vigente hasta que se habilitó la reapertura de las salas para el 6 de agosto.
Reiteró que eran unos 50 los afectados, entre especializados y administrativos, y que mantenían expectativas porque la DGC había expresado su intención de volver a abrir la histórica sala de Punta del Este, aunque antes debía cerrarse el litigio por alquileres impagos, entre Vidaplan S.A. y los dueños del local.
