En el marco de la reunión del Comité Técnico Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos, fue presentado un informe evaluativo del trabajo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía (UVyT), en el que se da cuenta que desde 2017 han sido atendidas 10.000 víctimas y testigos.

La Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación presentó un informe sobre la política de atención y protección a víctimas y testigos en el período comprendido entre 2017 y 2020 denominado “etapa fundacional”, desde que entró en vigor el nuevo CPP.

El informe fue presentado en el marco de la reunión del Comité Técnico Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos, en la que participaron representantes de los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda.

También estuvieron representantes del Inau, Bps, Defensoría, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Consultorio Jurídico de ASFAVIDE. El documento destaca que la cobertura alcanzada fue progresiva en esa etapa brindando atención a más de 10.000 víctimas y testigos en todo el país.

De acuerdo con el informe presentado “la política de atención y protección a víctimas y testigos, va dirigida en forma universal a todas las personas en esa condición procesal”. No obstante, en la caracterización de la población se evidencia “cierto continuismo en la tradición de población atendida en el sistema de justicia y su trato procesal”.

El documento establece que, se trata de más víctimas (84%) que testigos (16%) con una tendencia hacia la atención y protección de las víctimas de violencia basada en género, con foco especial en los delitos sexuales (21% violencia doméstica y 43,5% delitos sexuales).

Según el informe, “se ha visualizado menos la necesidad del acompañamiento de los testigos como actores claves en el proceso penal acusatorio, así como el trabajo con las víctimas de delitos violentos como homicidios, estupefacientes, copamientos, rapiñas”.

En cuanto al trabajo interinstitucional, se menciona la atención y protección de VyT como una política de Estado, activando recursos de los diversos organismos según las necesidades de cada persona, lo que se plasma en más de 10 convenios interinstitucionales firmados.

En materia de metodología para el acompañamiento, se concretaron 4 protocolos y guías de actuación elaborados por los funcionarios de la unidad en base a su práctica, con la colaboración de equipos fiscales. Estos instrumentos han sido validados luego por la academia.

Por otra parte, la protección organizada a víctimas y testigos permitió que el país cuente por primera vez con programas de protección a víctimas y testigos de los delitos con herramientas procesales y de asistencia integral con prestaciones de diversas instituciones del Estado.

Se destaca que durante el período ingresaron al programa de medidas especiales de protección, 300 personas “siendo amparadas con medidas de protección de distinto tenor, incluidos planes de relocalización”, que significa el cambio de domicilio de los involucrados.