El legislador de Cabildo Abierto, elevó un pedido de informes vinculado a este tipo de ofrecimientos que se realizan por líneas telefónicas de Antel, utilizando datos personales; y otro, dirigido al BCU relativo a las maniobras fraudulentas con distintos tipos de tarjetas, entre otras, realizadas cada vez con más frecuencia.

 

En cuanto al pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem) y a Antel, el diputado Cal señala que es en atención a reiteradas consultas realizadas por la población, relativas a la oferta de servicios no vinculados a telefonía, canalizados a través de líneas de la empresa de comunicaciones.

Cal explica que, se utilizarían datos personales otorgados a Antel, “cuya divulgación no habría sido consentida por el cliente del ente, que recibe la llamada, a los efectos de concertar contratos de adhesión, cuya contraprestación económica se debita, posteriormente, en la cuenta mensual de teléfono”.

Sebastián Cal, solicitó además, información para saber quiénes son los responsables de estas ofertas, régimen bajo el cual se vinculan las empresas oferentes y Antel, y si la referida modalidad queda comprendida por la Carta Orgánica de esta empresa pública.

Asimismo, si existe la eventual transferencia de datos personales (de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.331), cumplimiento de la normativa tuitiva del consumidor (Ley 17.250), así como las consecuencias que podría generarle a la administración el desconocimiento de las contrataciones, por parte de los usuarios.

Al BCU

El otro pedido de informes, dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas (Mec) y al Banco Central (BCU), está vinculado a vaciamientos de cuentas bancarias, retiros de saldos de tarjetas prepagas, así como solicitudes de préstamos y demás productos financieros, sin consentimiento del titular.

El legislador de Cabildo Abierto, sostiene que estas maniobras “generan reclamos internos (a las instituciones financieras) más denuncias, ante el servicio de atención al usuario financiero, correspondiente al Banco Central del Uruguay”, y que, “ha recibido múltiples quejas e inquietudes por parte de damnificados”.

En tal sentido, desea conocer la cantidad de maniobras denunciadas ante el regulador de los servicios financieros (el BCU), ya que, “en virtud de la carencia de tipificación sobre ciberdelitos se emplea el término fraude, a los efectos de comprender maniobras tales como: phishing, vishing, smishing”, y otras.

Agrega que esto implica la suplantación de identidad u obtención de las credenciales del titular con el fin de realizar retiros, transferencias o solicitar productos, “sin el consentimiento del titular (víctima)”, y pidió datos segregados por mes, tipo de maniobra fraudulenta e institución financiera.

Finalmente, solicita información sobre el porcentaje de resoluciones favorables a clientes o denunciantes, abarcando todas las denuncias radicadas durante el período comprendido entre el mes de junio 2020 a la fecha de solicitud del pedido de informes.

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