La Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado (Sipolma), mantiene su firme su negativa al reingreso de funcionarios retirados al servicio policial activo, y si bien comparte una reestructura en la interna del Instituto Policial, “la forma que la actual administración la está llevando adelante no es el camino”. El gremio, anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.

Sipolma sostiene que, “los mismos errores que cometió el exministro Bonomi los está cometiendo el actual ministro Heber dejando en claro que los equipos técnicos-asesores del Ministerio tienen un total desconocimiento en seguridad pública y en el manejo del capital humano que constituye la Policía Nacional”.

El gremio entiende que se deben mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y agilizar el ascenso en la carrera. En el caso de Maldonado, denuncia que hay personal subalterno con pasaje de grado aprobado, percibiendo el salario correspondiente, pero sin poder ejercer los cargos por falta de vacantes.

Sipolma dice que la tarea para la cual se quiere reincorporar a los retirados la están cumpliendo funcionarios en actividad que están actualizados en el sistema de gestión en seguridad pública, “una excelente herramienta que incorporó tecnología y desarrolló un sistema de información” muy completo.

El sistema, implementado hace pocos años está en permanente actualización, y, “para un normal desarrollo del servicio en las unidades policiales es necesario que cada funcionario se encuentre capacitado para realizar la tarea informática para un buen servicio policial a la ciudadanía”, agrega.

“Sumado a la incorporación del sistema de gestión en seguridad pública más recientemente en el tiempo (2017), se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal el cual cambia totalmente la lógica de la investigación criminal sobre la cual trabajaron toda su vida activa los funcionarios hoy retirados”, sostiene Sipolma.

Entiende que será necesario actualizar a esos funcionarios en el nuevo CPP así como en leyes relacionadas a derechos humanos, y “pueden quedar resabios arcaicos de prácticas policiales reprobables de épocas pasadas de la república que tanto daño provocaron a los ciudadanos y a la policía como institución”.

“Sustituir a los ciudadanos contratados bajo el régimen de becarios por los retirados policiales es un error de la actual administración; el sistema de becarios tuvo una excelente aceptación y un excelente desempeño en la atención ciudadana”, a lo que se suma su importante formación en distintas áreas.

Sostiene Sipolma que el régimen de contratación de los retirados policiales, a realizarse tras un llamado a interesados y valoración de requisitos, implica, además, que no aportarían a la seguridad social, por lo cual para el gremio realizarían lo que “vulgarmente se denomina ´trabajo en negro´”.

Reingresarían con el mismo grado con el que se retiraron, pero el salario a percibir será del 60% de lo que percibe un cabo, un sargento o suboficial retirado, situación que, “debería de ser observada por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya que a igual tarea corresponde igual remuneración”.

Finalmente, Sipolma confirmó que promoverá una acción de inconstitucionalidad, ya que, “las leyes de presupuesto y rendición de cuentas no pueden modificar la seguridad social, habiendo sentencia al respecto que declara la inconstitucionalidad de toda modificación de la seguridad social, seguros sociales o previsión social, contenidas en leyes de presupuesto o rendición de cuentas”.