La tarea, sin que se produjera ningún tipo de incidente, se llevó a cabo este miércoles con maquinaria y personal de la Intendencia de Maldonado en un predio del mencionado barrio fernandino. El expediente para concretar esta acción, se había iniciado en el año 2014.

Las 8 viviendas precarias estaban construidas en un espacio público a la altura de avenida Batlle y Ordóñez y calle Francisco Martínez (ex Vialidad), en la salida de la ciudad de Maldonado hacia la Ruta 39, tras cumplirse una serie de instancias legales que se iniciaron hace 8 años.

El director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la administración, Alejandro Lussich, explicó que la demolición se concretó “siguiendo todos los pasos legales necesarios dentro de las facultades que le competen a la Intendencia de Maldonado por la Ley de Ordenamiento Territorial”.

El expediente por la ocupación se había abierto en 2014, y luego de múltiples instancias se llegó a este punto, ya que las construcciones no solo ocupaban espacios públicos sino que obstaculizaban “el tránsito y la normal circulación, además de generar diversos inconvenientes a los vecinos de la zona”.

La dirección de Agrimensura y Catastro confirmó la invasión de los terrenos y procedió a informar a la dirección general de Asuntos Legales de la situación detectada, dependencia que estudió el caso y determinó que, “a la administración le compete organizar y cuidar de la vialidad pública, ejerciendo para ello los poderes propios de la policía de la edificación y en el territorio”.

En tanto, desde el área de Vivienda se informó a los ocupantes que no les asistía derecho alguno a permanecer en ese lugar, ya que desde la IDM “no se permitirán ocupaciones y, mucho menos, de quienes por esta vía pretendan alcanzar una solución habitacional en el corto o mediano plazo”, dijo Lussich.

La administración Antía, lleva adelante desde hace varios años una fuerte política de mejora de la calidad de vida de la población afincada en asentamientos. En ese marco, Lussich expresó que “hay un estricto control de la ocupación de todos los espacios públicos como parte de la prevención y las políticas de realojo”.

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