El juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alejandro Recarey, intimó a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y al laboratorio estadounidense, a que presenten cuantiosa información durante una audiencia que está fijada para el miércoles 6 de julio a la hora 9.00.

El gobierno uruguayo (Presidencia de la República y Ministerio de Salud Pública), así como el laboratorio Pfizer, cuentan con 48 horas para presentar ante la Justicia información detallada de las vacunas contra el Covid-19 que se han administrado en Uruguay, según un pedido judicial conocido el sábado.

El juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA,) Alejandro Recarey, efectuó la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech, prevista -aunque en forma voluntaria en nuestro país, para niños desde los 5 años.

De acuerdo a la decisión judicial, el gobierno y el laboratorio estadounidense, deberán presentar información y documentación en base a 16 preguntas, entre las que figura la composición de las vacunas, y la posible presencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”.

También se piden datos que demuestren la “inocuidad” de “la sustancia llamada ARN mensajero” y que se acredite con estudios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), agencia del gobierno de Estados Unidos, “el carácter experimental” de las vacunas.

El magistrado pide en otra de las preguntas formuladas, que las autoridades del gobierno de nuestro país, “expongan si se han estudiado terapias anticovid-19 alternativas” y, “en caso negativo, aclare por qué no se exploraron esas salidas”, para contener la enfermedad.

La resolución, también solicita la presentación de todos los contratos de compra o negociación de las dosis adquiridas, cláusulas de indemnidad o impunidad penal, así como composición bioquímica de las vacunas, principalmente la destinada a menores, y cómo fue la distribución de lotes.

El juez Alejandro Recarey, pide asimismo que se brinden explicaciones sobre si se han realizado estudios “tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por Covid-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior”, es decir, a un año de haberse declarado la emergencia sanitaria en Uruguay.

“Muy especialmente, se intimará a Pfizer a que en 48 horas manifieste -con aporte de datos documentales si fuere del caso- si la empresa ha admitido (en cualquier ámbito) la verificación de efectos adversos de las vacunas contra el denominado Covid-19”, en general y con detalle sobre la población infantil”, dice la resolución.