El abogado, que accionó en forma individual ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) entiende que las decisiones tomadas por el gobierno deben ser explicadas a toda la sociedad, y subrayó que la mayor preocupación la tiene por los efectos de la vacuna en los niños.

El juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alejandro Recarey, intimó a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y al laboratorio estadounidense Pfizer, a que presenten cuantiosa información durante una audiencia fijada para el miércoles 6 de julio a la hora 9.00.

En consecuencia, todas las partes cuentan con solamente 48 horas -a partir del lunes 4-, para responder un cuestionario de 16 preguntas. El impulsor de la iniciativa, el doctor Maximiliano Dentone, dio detalles este martes en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este.

El abogado Maximiliano Dentone, aclaró durante la entrevista, que la acción de amparo la presentó a título personal en horas de la tarde del viernes 1° de julio, “solicitando la suspensión de la vacunación contra el Covid-19 en niños; es una demanda que está presentada contra el Estado”.

Eso incluye a Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y Asse, “que son quienes llevan adelante la iniciativa de la vacunación, la campaña de vacunación”, y aclaró que si bien la demanda la realizó en forma personal, hay mucha gente en favor de lo mismo.

Dentone, aseguró que acontecieron algunos problemas con menores e incluso con adultos que fueron vacunados. Y agregó que a nivel personal como abogado a recibido varias consultas porque “hay situaciones que son alarmantes, y eso generó tomar la iniciativa de mi marte”.

Considera que el proceso de vacunación que se lleva adelante impulsado por el gobierno, “es ilegal, y está siendo altamente peligroso, porque uno como profesional particular se ha enterado de situaciones, muchísimas, que dejan un manto de dudas muy grande”.

En el mismo sentido, agregó que “hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias que se están inoculando, y se cumpla con los requisitos legales, por ejemplo, el consentimiento informado por parte de un médico, consideramos que debe ser detenido”, el proceso de vacunación.

Asimismo, admitió que el mayor temor es que las vacunas contengan sustancias que estén afectando la salud principalmente de los niños, por eso en la acción de amparo presentada, Dentone adjuntó un estudio de la universidad de Almería, España, del profesor Pablo Campra, entre otros.

“Expresa de forma contundente y lo prueba en el informe, que las sustancias estarían conteniendo óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico. Ese es uno de los informes que agregamos al escrito”, dijo sobre el trabajo mencionado, agregando que no sabe de algún estudio hecho en Uruguay.

Insistió en que su acción “va referida a los niños”, pero que el juez Recarey “en sus potestades inquisitivas de querer conocer sobre el asunto y como es un tema que no es solamente de los niños sino que es de toda la población, exige la información para todos en general”.

Finalmente, Maximiliano Dentone dijo que, “la sociedad uruguaya tiene derecho a conocer todos los detalles de algo que se llevó adelante por parte del gobierno y del Estado. Tenemos el derecho a exigir toda la información, a que se ponga sobre la mesa, y las autoridades tienen la obligación de brindarla”.