La Cámara Inmobiliaria Punta del Este - Maldonado, en conjunto con las cámaras inmobiliarias de todo el país, presentaron en el Parlamento el proyecto de Ley del  Operador Inmobiliario, iniciativa por la que distintas generaciones de inmobiliarios han insistido a largo de varias décadas.

“Una vez más, nos encontramos ante un paso más que importante”, indica un comunicado de la gremial, agregando que para el sector “es un gran avance luego de muchos años, que ahora logra la adhesión de legisladores de todos los partidos políticos y el patrocinio de la vicepresidente, Beatriz Argimón”.

Se agradece a los diputados firmantes que apoyan el proyecto de Ley del Operador Inmobiliario, y en especial a los del departamento de Maldonado: Diego Echeverría y Federico Casareto (suplente de Rodrigo Blas), del PN; Eduardo Antonini, del FA, Sebastián Cal, de CA, y Germán Cardoso, del PC.

“Se pusieron la camiseta por el turismo y por el departamento de Maldonado, comprendiendo la urgencia y la necesidad de llevar adelante este proyecto que reconoce nuestra actividad dentro de las más relevantes para la economía del país”, resalta la Cámara Inmobiliaria Punta del Este - Maldonado.

Los argumentos

La exposición de motivos, indica que, “la diversificación de la actividad económica de nuestro país, junto a los estímulos a la inversión extranjera en distintos sectores de la economía, el desarrollo del turismo externo y la pujanza de los nuevos emprendimientos inmobiliarios, han determinado que las actividades vinculadas con el sector inmobiliario aumenten su participación en la economía uruguaya”.

Subraya que “la actividad del operador inmobiliario, que tiene enorme trascendencia fiscal y normativa en el país, pone en evidencia el problema que origina la insuficiencia y falta de concordancia entre su actual función específica y las normas establecidas en el Código de Comercio promulgado hace más de un siglo”.

Hace hincapié en que el operador inmobiliario, se ha consolidado como “necesario asesor tanto en la actividad privada, como en el ámbito judicial, así como sujeto colaborador para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento”, y como orientador especializado de nuevas normativas para exoneraciones de inversores, entre otras funciones.

Como asesor en la actividad privada, es “consultado como avaluador de activos fijos de empresas y negocios en general”, ya que, “los particulares recurren a los operadores inmobiliarios y les solicitan tasaciones para solucionar conflictos de intereses, como disolución de sociedades, establecimientos agropecuarios, condominios y particiones”.

También se esgrime que, “en el ámbito judicial, cuando un operador inmobiliario es designado perito tasador, se constituye en directo auxiliar de la Justicia”, y convierte “su avalúo en el elemento probatorio de circunstancias que afectan o pueden afectar, por su idoneidad técnica, el dictamen final del Juez”.

Se señala que ante la vieja problemática del informalismo, “existe la percepción de que buena parte de esas actividades vinculadas al sector inmobiliario, particularmente las relacionadas con la intermediación en la negociación respecto de inmuebles, se llevan a cabo de manera no regulada”.

Mucha gente

El sector, involucra a casi 30.000 personas e incide en el 10% del PBI, lo que pone de relieve su importancia en el funcionamiento de la economía, por lo cual se entiende que la aprobación de este proyecto de ley, redundará en una mejor imagen de Uruguay como país receptor de inversiones.

También será clave para el inversor particular y el turista en general, y permitirá dar cumplimiento a los estándares y recomendaciones internacionales. De aprobarse el texto propuesto, implicará alcanzar varios objetivos a favor del país y obligará a mejorar la prestación de servicios inmobiliarios en todo el país.

Se aclara que el espíritu del proyecto no es restringir la libertad de trabajo de quienes prestan servicios de manera informal, “sino, muy por el contrario, conjugar dicha libertad con una mayor capacitación y regulación”, para “brindar un mejor servicio y a la vez proteger al consumidor de servicios inmobiliarios”.

El proyecto, es producto del trabajo conjunto y de la experiencia adquirida de todas las gremiales relacionadas con la actividad y, por ende, pretende que una regulación acorde con las obligaciones impuestas a los operadores inmobiliarios, implique un reconocimiento a una actividad relevante para la economía del país.