En conferencia de prensa, se explicaron detalles del proyecto y se adelantó las acciones que llevarán adelante a partir de la aprobación el martes 16 de agosto en la Junta Departamental, del expediente que autoriza el desarrollo de un proyecto inmobiliario en la zona de costa entre los balnearios Buenos Aires y San Vicente.

El martes 16 de agosto, tras una larga discusión, la Junta Departamental con los votos únicamente del Partido Nacional, aprobaron el Plan de Acción Integral (PAI) de “Marina Beach”. El Frente Amplio en pleno y el único edil del PC votaron negativamente y argumentaron largamente los motivos.

Se trata de un polémico proyecto de fraccionamiento y urbanización en la zona costera, sobre tierras ubicadas entre los balnearios Buenos Aires y San Vicente y al Sur-Este de Ruta 10, que, según el FA ni siquiera está acreditado que sean privadas, según habría reconocido la propia IDM.

Allí se prevé la construcción de 26 casas y un hotel que cuenta “con informes negativos de todas las oficinas técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de todas las oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente”, además de informes negativos de Ute y Ose, se aseguró en conferencia de prensa.

Este proyecto se presentó en el actual periodo de gobierno (año 2019) luego de un intento anterior por concretar el desarrollo durante el primer gobierno departamental del Frente Amplio (año 2010), ocasión en la que incluso la Dinama había realizado también un informe negativo por lo cual no tuvo andamiento.

El Frente Amplio evalúa la presentación de “una acción de amparo territorial”, a partir de la constatación -que figura en el informe en minoría presentado el martes último-, de que hay más de 15 incumplimientos a disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial, tanto departamentales como nacionales.

En forma paralela, se analiza apelar al mecanismo de recolección de firmas que esta previsto en la Constitución de la República y requiere un mínimo de 1.000 firmas para presentar una impugnación ante la Cámara de Diputados, contra resoluciones de las juntas departamentales o de las intendencias.

Los ediles del FA consideran que “esto es muy grave”, y puntualizaron que en las comisiones de Obras y de Planeamiento de la Junta Departamental, estos aspectos fueron planteados apenas se inició el estudio del expediente, advirtiendo de “las consecuencias” que tendría aprobar el mismo en esas condiciones.

Pero lo más grave es que entienden que no está fehacientemente acreditado que sean tierras privadas, independientemente de que, además, se trata de una zona en la que “no se puede construir nada”, y por el contrario, “debe ser especialmente protegida” por su alta sensibilidad ambiental.

En la conferencia de prensa ofrecida este jueves, el edil Joaquín Garlo, afirmó que, “concretamente la información que falta y que la Comisión de Obras pidió a la Intendencia, y la Intendencia reconoció que no está en su poder, es la salida fiscal de la tierra”, lo que permitiría acreditar que la tierra es privada.