En el mismo no solo se repudia lo ocurrido el 14 de enero pasado, sino que se exige al Estado que actúe con sus tres poderes coordinadamente, mediante mecanismos anticipatorios que eviten este tipo de situaciones en cualquier ámbito de la sociedad.

El comunicado, en relación a lo ocurrido en una finca del barrio Pinares de Maldonado el sábado 14 de enero, en el marco de un cumpleaños, señala que, “esto nos retrotrae a otros sonados casos de violaciones grupales o ´en manada´ que se han producido en similares condiciones, en nuestro departamento…”.

Se recuerda a continuación, una denuncia efectuada en diciembre del 2022 “sobre acto similar en el pasado, otro en febrero del 2022 en Montevideo y varios que por pudor o miedo a la estigmatización de las propias víctimas no han tomado dominio público”, situaciones que indignan y obligan a manifestarse.

Respecto a la agresión sexual en Pinares y las posteriores acciones, “denunciamos enfáticamente: a) el trato displicente y discriminatorio a la hora de presentar los hechos en los servicios de Violencia Basada en Género que funciona en la órbita policial; b) como corolario de toda esta indefensión y maltrato, los obstáculos que se esgrimieron del prestador de salud (central de Montevideo) para enlentecer las pruebas sanitarias que corroborarían la violación y además prever futuros desenlaces que atentaran contra la salud integral de la víctima”.

También, “destacamos la valentía de la mujer en su denuncia que tomó estado público y que produjo una catarata de visibilizaciones de hechos similares y aberrantes ejecutados por los mismos varones violadores y otros de iguales características con otros personajes tan despreciables como los actuales autores”.

En el comunicado se destaca que “no basta con creerles a las víctimas de estas atrocidades, el Estado debe ser garante de los derechos de ellas a través de los mecanismos que se han instrumentado a lo largo de años de lucha de la sociedad civil y política con el fin de lograr reaseguros, credibilidad y protección”.

Finalmente se insiste en que “el Estado tiene la obligación de actuar conjuntamente con sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) previendo todos los mecanismos anticipatorios de estos desmanes, ya sea en las calles, centros de enseñanza, lugares de diversión, otros”.

Era un cumpleaños

La fiesta privada (cumpleaños) tuvo lugar en una finca del barrio Pinares de Maldonado el sábado 14 de enero, y la denuncia de la mujer de 32 años que fue víctima de la violación grupal se realizó al día siguiente ante la Policía, lo que activo todos los protocolos previstos para estos casos.

Por sus características, la denuncia inicialmente fue derivada a una fiscalía de la ciudad de San Carlos, donde se emplazan los juzgados especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, activándose los protocolos previstos, como exámenes médicos y citación de testigos.

La víctima había llegado a Maldonado el viernes 13 de enero, desde Montevideo, para participar en el festejo del cumpleaños de un amigo, que se realizaba en una casa de un conocido de este. Narró que llegó en el entorno de la hora 22.00 y que luego perdió la consciencia tras tomar un trago.

La violación ocurrió en un dormitorio de la casa y los acusados son el dueño de la misma -quien la había invitado con el trago-, un hermano y un primo. Estaban encerrados en la habitación con ella y fueron descubiertos por otros participantes en el evento que ingresaron por la fuerza.