El intendente Enrique Antía, dijo que el gobierno de Maldonado tiene la autorización ambiental previa desde septiembre de 2022 para demoler, instancia a la que se llega luego de medidas dilatorias por parte de privados que se resisten a dejar un espacio público que fue confirmado por la Justicia en distintas instancias.

Sobre la denuncia por abuso de funciones, impulsada por los propietarios de cuatro casas ubicadas entre la rambla de Punta Colorada y la costa, el intendente de Maldonado dijo este martes que por el momento se había enterado por la prensa, ya que no recibió ninguna notificación aún.

Explicó que este asunto se remonta al año 1995 con un juicio que la Intendencia de Maldonado “lo gana en varias oportunidades”, y que, “laudó la Suprema Corte (de Justicia) que son terrenos públicos, no son privados”, aunque se siguieron poniendo “trabas” en distintas instancias.

“Lo concreto es que hay orden de demolición por parte de la Justicia, porque son terrenos que están en el área pública”, insistió Enrique Antía, aunque admitió que “está trabado a nivel del Tribunal de lo Contencioso, porque plantearon un reclamo en contra de la demolición”.

Confirmó que la Intendencia tenía fijado este miércoles 15 de noviembre para iniciar la demolición, pero los demandantes, “volvieron a trabar con otro estudio de abogados. En este proceso deben haber intervenido cinco o seis estudios de abogados, porque arranca uno y sigue otro”.

El objetivo de la Intendencia, reiteró el jefe comunal, es recuperar playa, y recordó que el año pasado se demolieron casi treinta boteras y no hubo ningún inconveniente. En ese mismo lugar se construyen instalaciones adecuadas para trasladar la sede de SOS Rescate de Fauna Marina.

Enrique Antía concluyó señalando que, “no hay ningún abuso de funciones” como se denuncia, “desde el momento que es legítima la actuación de la Intendencia  para defender el territorio”. La Resolución Nº05079/2021 del 18 de agosto de 2021, y la decisión de demoler, no se encuentra suspendida.