El exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, emitió un comunicado tras conocerse información publicada este lunes por Búsqueda y Maldonado Noticias, sobre una denuncia penal y un sumario que ASSE le realizará en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del centro. En el texto, cuestionó no haber sido notificado formalmente y señaló que, de confirmarse, sería la segunda vez que toma conocimiento de decisiones que lo afectan a través de un medio de comunicación.

Curbelo sostuvo que esta situación ratifica lo que temía desde un comienzo: la existencia de una acción de comunicación orientada a desprestigiarlo a él, a su labor como servidor público y al trabajo realizado para la consolidación del Hemocentro de Maldonado.

Según relató en el comunciado, al que accedió Maldonado Noticias, fue cesado de su cargo sin una investigación previa, bajo el argumento de razones de servicio, y afirmó que posteriormente se inició una investigación que, a su entender, estuvo viciada desde su origen tanto en el fondo como en la forma, con el objetivo de sustentar tardíamente la decisión ya adoptada.

El exdirector afirmó que, pese a haberlo solicitado por las vías correspondientes, no se le informó formalmente de qué se lo acusaba ni pudo acceder a los antecedentes en que se basa la investigación. Agregó que tampoco se le permitió ingresar acompañado de su abogado a las instancias del proceso, ni se respondió su pedido de contar con garantías mínimas reconocidas por instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay.

Calificó lo actuado hasta el momento como nulo y sostuvo que, pese a ello, las autoridades no solo no detuvieron el proceso sino que lo estarían profundizando. Indicó además que fue convocado como testigo en una investigación que, según su interpretación, estaba orientada a inculparlo, en contradicción con las propias reglas de procedimiento de ASSE, y remarcó que, pese a no contar con garantías, compareció y declaró en esa instancia.

Curbelo cuestionó que la información sobre los pasos que daría la Administración se conociera en la prensa antes de que se le notificara cualquier actuación. Sostuvo que, de confirmarse una filtración, el daño no se limitaría al plano reputacional, patrimonial y moral que le generan estas actuaciones, sino que alcanzaría también al Estado de derecho y a los derechos de la ciudadanía en general.

Defendió que su gestión fue transparente y estuvo orientada a la protección de los bienes de la comunidad, con un servicio certificado por entidades independientes por sus estándares de calidad. Dijo esperar la oportunidad de defenderse, algo que hasta el momento no se le ha permitido, y agradeció las muestras de apoyo recibidas de la comunidad de Maldonado.