La ex directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, doctora María del Carmen Salazar, dijo que “mienten” cuando la cuestionan por el Digesto Departamental, y aseguró que en la Intendencia quedó personal formado para mantenerlo actualizado y no como se está diciendo.

La ex directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, doctora María del Carmen Salazar, quedó en el ojo de la tormenta por el tema del Digesto Departamental, la empresa que fue contratada para digitalizarlo, y su presunta relación “amistosa” con el doctor Juan Pablo Pío.

Tanto la actual directora de Asuntos Legales de la comuna, doctora Adriana Graziuso, como el edil nacionalista Adolfo Varela, han puesto la mira en ella por diversos aspectos vinculados al Digesto Departamental, la forma en que se contrató a la empresa que lo digitalizó y las utilidades del mismo.

Este jueves, en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, la doctora Salazar dijo que se había tomado “una licencia política”, pero que ante todo lo que se está diciendo, decidió salir a defender no solo el proyecto político del FA en Maldonado, sino la herramienta del Digesto Departamental.

No es cierto

Entre otras cosas, dijo que, al tiempo que la empresa HIC digitalizaba el Digesto, se creó la Unidad de Actualización Normativa (UAN), integrada por dos abogados y un funcionario de la Intendencia de Maldonado, quienes se formaron para proseguir luego la actualización del mismo.

Aclaró que si la actual administración decidió disolverla, e incluso despedir a una de sus integrantes (una abogada), es responsabilidad de la actual administración. Incluso aseguró que una de las integrantes de la UAN está trabajando en la propia dirección de la doctora Graziuso.

Por lo tanto, duda que Juan Pablo Pío haya intentado cobrar US$ 50.000 -como dijo la doctora Graziuso- cuando se lo consultó sobre algunos aspectos operativos del Digesto Departamental, porque en la Intendencia quedó personal calificado para poder ingresar y hacer las modificaciones que fuera necesario.

También dijo que “es mentira” que no haya habido un estudio o auditoría del trabajo realizado por la empresa contratada, ya que durante todo el proceso de digitalización hubo una Comisión de Seguimiento, integrada por ediles de los partidos políticos representados en la Junta Departamental.

Aseguró que cada “tomo” fue revisado, observado y controlado antes de ser aprobado, no solo por ésta Comisión de Seguimiento, sino por otros profesionales que se reunían en forma periódica. En tanto no se aprobaba cada “tomo”, no se autorizaba a HIC a continuar con la siguiente etapa.

Por otra parte, explicó como se dio todo el proceso posterior a la contratación que se había realizado, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Civiles, hasta el llamado a interesados que tuvo una prórroga de 30 días, a pesar de que ya se había presentado una empresa interesada.

Desmintió de plano conocer previamente a todo el proceso al doctor Juan Pablo Pío, y menos aún tener alguna relación amistosa ya que ni siquiera son de la misma generación. Afirmó que lo conoció cuando HIC fue contratada y comenzó a hacer el trabajo.

Respecto a la prórroga del llamado, dijo que tuvo que ver con aspectos técnicos que debían figurar en la convocatoria original y que se habían omitido, y que si bien es cierto que en ese lapso se presentó la empresa que finalmente resultó ganadora, no fue por “amistad” con nadie.

Sostuvo que la propuesta de HIC Consultores, si bien tuvo un costo que también es cuestionado, fue aceptada por sus características y por ser más completa en relación a la de NMI SRL (Mundo Mac Store), de acuerdo a lo definido por un Tribunal Evaluador, que también ha sido cuestionado.

Respecto a esto último, recordó que fueron convocados los doctores Javier Miranda y Arturo Cambón, éste último una eminencia que nadie puede cuestionar. También explicó que ella misma integró ese Tribunal, porque en ese momento era quien más conocimiento tenía en la comuna del tema Digesto.

Aclaró asimismo, respondiendo a críticas del edil nacionalista Adolfo Varela, que efectivamente HIC conformó el equipo de profesionales cuando fue contratada, porque no hay en Uruguay una empresa dedicada a la elaboración “de digestos”, es un rubro que no existe e inviable comercialmente.

Para María del Carmen Salazar, es natural que una empresa dedicada a la informática, sume abogados u otros profesionales para un trabajo de esta naturaleza. También lo hizo, aclaró, la firma que había presentado la primera propuesta por razones que no se pueden discutir.

Una pena

La doctora María del Carmen Salazar, subrayó que el Digesto Departamental es una formidable herramienta de democratización y cristalinidad, porque le permite a cualquier ciudadano acceder a su contenido y evacuar dudas, además de permitir ejercer un severo control sobre las acciones de gobierno.

Se lamentó que no se esté utilizando porque se trata de una herramienta “muy valiosa” y que Maldonado necesitaba, aunque advirtió que en las condiciones actuales, sin actualización por decisión de la propia administración Antía, puede inducir a errores graves.

Finalmente, advirtió que está recopilando “todo lo que se está diciendo” sobre el Digesto Departamental y sobre su persona, porque no descarta iniciar algún tipo de acción legal, ya que al margen de lo político está en juego también su reputación como abogada.