El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) ratificó y mantiene la observación del gasto efectuado por la Intendencia de Maldonado, en el acuerdo suscripto con el doctor Hugo Alvez, que asciende a una suma superior al medio millón de dólares. La Comisión Investigadora de la Junta Departamental, deberá expedirse.

Con fecha 2 de marzo de 2017, el TCR elevó a la Junta Departamental de Maldonado la Resolución N° 711/17, respecto a las actuaciones remitidas por la Intendencia de Maldonado (IDM) relacionadas con la cancelación de deudas derivadas de las acciones interpuestas por el doctor Hugo Alvez.

En los considerando, se sostiene que “el acuerdo de pago al que se arribara con el Dr. Hugo Alvez no se encuentra comprendido en las excepciones establecidas en el Artículo 15 del TOCAF como cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas”, de varios artículos de la Constitución.

Confirma además, que “no existe ninguna sentencia que condene a la Intendencia al pago de suma alguna al reclamante, sino que el acuerdo se efectiviza, en el ejercicio de las facultades que le competen al Intendente, revocando por contrario imperio un acto ilegítimo y disponiendo las reparaciones correspondientes…”.

Asimismo, que “no surge de las actuaciones remitidas el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35, Numeral 11 de la Ley Orgánica Municipal en cuanto para realizar transacciones se requiere de la anuencia de la Junta Departamental”, lo que justamente fue reclamado por el Frente Amplio y el Partido Colorado.

Empero, en el considerando 6 el TCR sostiene que el incumplimiento de normas legales en la instrucción de los sumarios que dieran lugar a la destitución de Alvez, “ha derivado en un perjuicio económico para la Comuna, no constando que se haya incoado la correspondiente investigación administrativa a efectos de determinar responsabilidades”.

En secreto

En agosto de 2016, la Junta Departamental de Maldonado aprobó la creación de una Comisión Pre Investigadora -a instancias del edil colorado, doctor Juan Eduardo Silvera-, que a su vez definió la formación de una Investigadora para analizar el acuerdo entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez.

A pedido del Partido Nacional, la Comisión actuó en forma secreta; a esta altura ni siquiera se habría concretado la comparecencia de jerarcas de la Intendencia de Maldonado que deberían aportar algunos datos. El informe del TCR, no está en esta comisión sino en la de Presupuesto.

A fines del mes de junio del año pasado, Silvera había realizado un pedido de informes sobre este tema, pero no había obtenido respuestas del Ejecutivo, por lo cual solicitó la conformación de una Pre Investigadora, lo que fue votado durante la sesión del Legislativo Departamental del 23 de agosto.

La Intendencia de Maldonado indemnizará al doctor Hugo Alvez (abogado) por una suma superior a los US$ 500.000 por los presuntos perjuicios sufridos desde 2006, cuando la administración De los Santos lo cesó en 3 oportunidades. El acuerdo se selló en marzo del año pasado, anulando la demanda judicial que estaba en curso.

Un informe de MaldonadoNoticias del 27 de junio de 2016 dando cuenta del acuerdo alcanzado entre la administración Antía y el doctor Hugo Alvez, por el cual éste último sería indemnizado en más de US$ 500.000, generó múltiples reacciones y la primera fue de Silvera y luego de la bancada de ediles del FA.

El acuerdo por el voluminoso monto, dejó por el camino una larga demanda judicial que aún no tenía sentencia, y fue el punto que más llamó la atención, porque no existía certeza de que la IDM perdiera ese juicio. El doctor Hugo Alvez Cuñetti, está estrechamente vinculado al PN.

Fue funcionario municipal contratado desde el año 1991, habiendo desempeñado cargos de asesor letrado, de dirección y dirección general en distintos momentos. El 9 de junio de 2006, fue cesado en sus funciones por el entonces jefe comunal frenteamplista, Oscar De los Santos.

La rescisión del contrato tuvo origen en omisiones y faltas graves constatadas en su trabajo anterior en la dirección de Asesoría Jurídica, según la administración De los Santos. Todo consta en el pedido de informes elevado al Ejecutivo por la bancada del Frente Amplio, con fecha 5 de julio de 2016.

La decisión de desvincularlo de la IDM, tuvo su punto de partida en una infracción bromatológica, cuando en marzo del año 2004 (aún gobernaba el Partido Nacional), 3 inspectores denunciaron un posible desacato a la autoridad municipal y una contravención al Reglamento Bromatológico.

Alvez quedó encargado de presentar una denuncia penal. En enero de 2005 (seis meses después y sin realizar aún la denuncia penal) el profesional informó que, “visto el tiempo transcurrido, y en aras de la reorganización que cada año se lleva en la Feria Judicial Mayor, se sugiere el archivo”.

La denuncia finalmente fue realizada por otro abogado en octubre de 2005, aunque, “la omisión de realizar la denuncia penal, en tiempo y forma, por parte del doctor Hugo Alvez, terminó perjudicando absolutamente la acción penal”, y en consecuencia a la propia Intendencia de Maldonado, se sostuvo.

La resolución del entonces Intendente De los Santos desvinculando al profesional de la comuna, fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), mediante sentencia del 4 de noviembre de 2010, por “violación al debido proceso”. Alvez fue reintegrado a sus funciones a partir del 1° de mayo del año 2011.

Lo hizo pasando inmediatamente en comisión al despacho del diputado Nelson Rodríguez (PN), aunque no fue indemnizado por los perjuicios que entendió había sufrido, razón por la que promovió una Acción Reparatoria Patrimonial ante el Juzgado Letrado de 5° Turno de Maldonado.

Otro sumario instruido al doctor Hugo Alvez, cuando se encontraba en comisión con el diputado Rodríguez, se originó cuando se supo que participó como abogado patrocinante en la esfera judicial, de un funcionario municipal que había sido denunciado penalmente por el robo de combustible.

Durante las actuaciones, también se probó su participación como abogado, representando a empresas denunciantes ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y solicitando el cese preventivo de medidas dispuestas por la administración comunal que el mismo calificó como “anticompetitivas”.

Se entendió que el cúmulo de conductas desplegadas por Alvez, “configuraban una falta grave, y basándose en especial en los informes de las funcionarias asesoras, que actuaron en sus respectivas calidades de Instructora y Letrado de Precepto, se resolvió en octubre de 2012, declarar disuelto el vínculo contractual” con Alvez.

Inconcluso

A julio de 2015 -cuando asumió el Intendente Enrique Antía-, con excepción de la primera acción de nulidad ante el TCA, que determinó una sentencia favorable al doctor Hugo Alvez, todos los reclamos judiciales posteriores “habían sido controvertidos por los profesionales actuantes en nombre de la Intendencia”.

Ninguna de las 3 acciones legales posteriores había culminado en julio de 2015, “y por lo tanto tampoco ninguna de ellas había arribado a sentencia”, cuando la administración Antía llegó a un acuerdo con el doctor Hugo Alvez, tal cual lo informara oportunamente MaldonadoNoticias.

El FA entendió que se suspendieron -sin conocerse el motivo­ las acciones judiciales, sin esperar el resultado de los procedimientos y las sentencias correspondientes “que establecerían si se contemplaban las demandas, total o parcialmente, o si se daba razón a la actuación de la administración”.

Por otra parte, se denunció que se realizó “una transacción sin autorización de la Junta Departamental”, y que se contradice todo lo actuado judicialmente por los profesionales de la División de Asesoría Jurídica de la Intendencia, “y los resultados de los procedimientos sumariales”.

El FA pretendió saber por qué se suspendieron “de común acuerdo los procedimientos judiciales en trámite y en qué fecha”, y por qué no se esperó el resultado de los mismos, para que se estableciera “si habían existido ilegalidades, violaciones del debido procedimiento o actos administrativos ilegítimos”.

También se deseaba saber por qué no se remitió “la transacción realizada al Ministerio Público y a la Junta Departamental para su autorización”, como lo dispone el Artículo 35 - Numeral 11 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515. Además se pidió la remisión de todas las actuaciones relativas y expedientes vinculados.

Las deudas

A julio de 2015, los perjuicios económicos reclamados por Alvez, incluían: rubros salariales (entre diciembre de 2005 y el 1° de mayo de 2011) con actualización e intereses a la fecha de la demanda, por $ 3.443.174. Con actualización e intereses desde la fecha de la demanda a julio de 2015, $ 5.580.000.

Por daños y perjuicios por pérdida de chance de presupuestación y ascensos, el 30% del reclamo original, que asciende a $ 1.721.587; monto que actualizado y con intereses desde la fecha de la demanda, trepa a los $ 2.790.000. Por concepto de daños y perjuicios por juicios ejecutivos, otros US$ 50.000.

Por daño moral, persecución política y exposición mediática y daño a la reputación, US$ 50.000, en tanto que por conceptos de daños y perjuicios preceptivos (Ley N° 10.449), el equivalente al 50% de rubros salariales, suma que asciende a los $ 2.790.000.

En cuanto al segundo periodo, que incluye el segundo y tercer cese en la función, el reclamo por rubros salariales calculado de octubre de 2012 a julio de 2015, comprende 35 meses, más 6 salarios por concepto de aguinaldos y salarios vacacionales, totalizando $ 2.562.000.

Por daños y perjuicios por “pérdida de chances”, $ 883.800; por daños y perjuicios preceptivos otro $ 1.473.000; por daño moral US$ 50.000; y por juicios ejecutivos US$ 30.000. El total de ambos reclamos ascendía a la suma de $ 16.462.800 (equivalentes a unos US$ 476.000, a la cotización de entonces).

Al margen, el demandante entendió que debería considerarse una suma adicional compensatoria de honorarios profesionales y gastos procesales, ya que debió enfrentar 13 procesos a lo largo de casi 11años. El monto reclamado ascendía a $ 1.300.000 (US$ 40.000, aproximadamente).

Finalmente, la administración Antía entendió que era “ajustada a Derecho la propuesta presentada por el Dr. Hugo Alvez en todos sus términos”, reclamando la restitución de los rubros salariales que dejó de percibir, además de la suma que surge de la Actuación N° 14”.

En relación a la forma de pago, el monto total de lo reclamado, pasó a la dirección general de Hacienda para que estableciera la forma de pago, que finalmente se pactó en $ 5.114.269 al momento de firmarse la conformidad del acuerdo, y un segundo pago por $1.300.000 al último día hábil de diciembre de 2016.

El resto, se abonará en 4 partidas iguales y consecutivas en UI (equivalentes cada una a $ 2.500.000), con vencimientos: 31 de julio de 2017; 31 de enero de 2018; 31 de julio del mismo año; la cuarta y última el 31 de enero del año 2019. El monto aceptado por ambas partes, asciende a los $ 16.414.269.