La Jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, doctora Beatriz Larrieu, concedió la extradición de Gerardo González Valencia, líder del cartel mexicano “Los Cuinis”, atrapado en abril del año pasado junto a su familia, radicada desde 2011 en una mansión ubicada en el barrio Parque del Golf de Punta del Este.

González Valencia está acusado de haber cometido varios delitos de narcotráfico en Estados Unidos. A partir de la resolución de la Justicia uruguaya, las autoridades competentes del país requirente, deberán expresar en 40 días si aceptan las condiciones de extradición establecidas.

En su resolución, la doctora Larrieu expresa que, “la extradición constituye un instituto de cooperación jurídica penal internacional, entendida como ‘toda aquella actividad de naturaleza procesal realizada en un Estado al servicio de un proceso penal promovido o a promoverse ante extraña jurisdicción’”.

Además, agrega que estos principios “han sido recogidos por numerosos tratados, los que consagran la obligación de los Estados de conceder la extradición cuando se cumplan las condiciones que se establecen”, aunque bajo las condiciones que en este caso impone la Justicia uruguaya.

Entre las condiciones, figura que la entrega del requerido se realice apenas cumpla la pena por la que está en prisión desde el 23 de abril del año pasado, y que además no se lo juzgue ni condene por delitos distintos a los que figuran en el pedido de extradición.

También es condición impuesta por Uruguay, que se otorguen las garantías de que, en caso de que en Estados Unidos se encuentre a Gerardo González Valencia culpable de los delitos que se le imputan, no sea condenado a pena de muerte ni a prisión perpetua.

González Valencia está requerido por la comisión de varios delitos perpetrados en Estados Unidos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1º del Tratado, “por lo cual es indiscutible la jurisdicción de las autoridades competentes de dicho país”, señala el fallo de Larrieu.

Está acusado por delitos de narcotráfico (conspiración para introducir y distribuir sustancias que contenían cantidad detectable de cocaína y metanfetamina en Estados Unidos), lo que encuadra en la previsión del Artículo 17 del Tratado; estos delitos también están previstos en el ordenamiento uruguayo.

El fallo agrega, además, que los delitos por los que se lo reclama son castigados en ambos países con una pena mínima de prisión superior a un año, tal como exige el acápite del Artículo 2 del Tratado de Extradición. En Uruguay, están contemplados en la Ley N° 14.294.

Aquel vecino

El 16 de junio de 2016, el Juez Especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, recibió el pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos para el líder del cartel mexicano “Los Cuinis”, Gerardo González Valencia, procesado por lavado de activos -presuntamente provenientes del narcotráfico- el sábado 23 de abril.

El expediente de 106 folios ingresó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde fue elevado a la Suprema Corte de Justicia, y de allí al despacho de Valetti. El líder narco habría dicho estar dispuesto a purgar su pena por lavado de activos en una cárcel norteamericana para estar más cerca de su familia.

El sábado 23 de abril, la Jueza Adriana De los Santos envió a González Valencia y a su suegro a prisión; también a un matrimonio de caseros del chalet adquirido por los extranjeros en Punta del Este, y a un hombre de Piriápolis que participó de algunas transacciones.

Gerardo González Valencia, es hermano de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder del cartel mexicano considerado más poderoso incluso que el de Sinaloa liderado por el “Chapo” Guzmán, ya que domina prácticamente todo el mercado europeo y asiático de las drogas.

Junto con González Valencia, fue enviado a prisión su suegro, identificado como H.A.P., también de nacionalidad mexicana. Ambos fueron encontrados responsables de la comisión de un delito de lavado de activos, en este caso presuntamente provenientes del narcotráfico.

Asimismo, fue enviado a prisión el intermediario de varios negocios del mexicano, un hombre de Piriápolis identificado como P.G.; así como el matrimonio de jardineros de Punta del Este, integrado por L.L.F. y J.P.L.. Los tres fueron imputados como autores de un delito de asistencia al lavado de activos.

Un día después, surgió el procesamiento de la esposa del narco, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de nacionalidad mexicana, tras ser detenida por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en Carrasco. Fue imputada por un delito de asistencia al lavado de activos.

Anónimos

Gerardo González Valencia y su esposa, estaban radicados en Punta del Este desde el año 2011 junto con sus 3 hijos menores de edad. La familia era visitada frecuentemente por los abuelos maternos de los chicos (también mexicanos). El padre de la mujer, está requerido por Estados Unidos.

Fue por ello que en acuerdo con la Jueza en Crimen Organizado Adriana De los Santos, la DGRTID decidió evitar una eventual fuga de Gerardo González Valencia, acompañado por su suegro y los hijos, ya que su esposa había viajado al exterior algunas semanas antes.

La publicación de los "Panama Papers" llevó a que la jueza y el comando de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, aceleraran la operación para detener al mexicano y a otras personas vinculadas a él, antes que abandonara el país. Todos eran vigilados desde hacía al menos un año antes.

A nombre de la mujer aparecían sociedades anónimas y diferentes bienes de alto valor, como el chalet “Quincho Grande” en Punta del Este (ubicado en el exclusivo barrio Parque del Golf), el cual fue comprado en el año 2012 en U$S 2 millones, y varios automóviles de alta gama.

La propiedad en realidad, ocupa más de una manzana parquizada y arbolada, y cuenta con una gran cantidad de quinchos diseminados en todo el predio, y una gran casa principal, donde vivían Gerardo González Valencia y Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, junto a sus tres pequeños hijos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores y que fue expuesto por la Fiscal de la causa, es que a ninguno de estos dos mexicanos se le pudo conocer actividad laboral alguna, a pesar del altísimo nivel de vida que llevaban desde que se establecieron en Uruguay.

Además de comprar a nombre de sociedades anónimas, usaban a otras personas para poner los vehículos y bienes a su nombre. Por ejemplo el caso de los jardineros que además hacían tareas de mantenimiento y domésticas, quienes tenían a su nombre algunos de los vehículos de los mexicanos.

La ostentación del matrimonio extranjero era tal, que sus tres hijos asistieron primeramente al colegio S.C. de Punta del Este -uno de los más afamados del balneario-, y a partir del año pasado a la S.I. de Montevideo. Allí abonaban $ 45.000 por mes por los niños.

Durante el último tiempo antes de caer, Gerardo González Valencia, su suegro y los tres hijos menores del primero, se alojaban en un hotel de Montevideo mientras buscaban una propiedad para alquilar o comprar en Carrasco. El narco fue detenido cuando había ido a buscar a sus hijos al colegio.