El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento y prisión de cuatro oficiales del Ejército, un juez sumariante y un médico militar por las torturas cometidas contra presos políticos en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 con asiento en Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976.
De acuerdo a un informe del semanario Brecha, el fiscal Perciballe pidió el procesamiento con prisión del ex jefe de la unidad, coronel (r) Artigas Rivera Bianchi, el responsable del S2 (inteligencia) de la unidad, Víctor Stocco, y dos de sus subalternos, Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín.
Los otros dos pedidos recaen sobre el juez sumariante Julio Antonio Techera, y el médico José Luis Braga, reconocido por distintas víctimas como quien verificaba su estado físico durante la tortura y decidía si se podía continuar o era necesario interrumpir las mismas.
Además, Perciballe pidió librar orden de captura nacional e internacional contra el jefe del S2, Dardo Barrios, “actualmente prófugo y probablemente en el exterior” según el dictamen al que accedió Brecha. Por último, pidió citar como indagados al ex jefe de la misma unidad, Aquiles Moraes y al juez sumariante Beltrán Rosadilla.
Perciballe afirmó que durante la dictadura en Uruguay existía una “dinámica estandarizada” para el tratamiento de los detenidos, que incluía distintos tipos de torturas, como plantones, patadas en el piso, simulacros de fusilamiento, picana eléctrica y submarino (introducirles la cabeza en un tacho de agua).
“Durante el cautiverio, los detenidos generalmente eran revisados por los médicos de la unidad, quienes apreciaban “las secuelas de los apremios a los que eran sometidos los indagados y, en ocasiones, para ver si era posible seguir los tormentos”, dijo Perciballe.
Paralelamente, pidió al Poder Judicial informes de la Facultad de Medicina sobre el impacto de los distintos tipos de tortura sobre las víctimas, ya que podrían encuadrarse como delitos de lesiones graves o gravísimas. El 11 de mayo la Jueza Penal Verónica Ester Pena ordenó las citaciones planteadas por el Fiscal.
Larga espera
El 31 de octubre del año 2011, 19 expresos políticos (tanto hombres como mujeres), presentaron denuncia penal por las torturas sufridas en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 de Laguna del Sauce, como parte de una convocatoria nacional de Crysol.
Una de las últimas actuaciones de la Justicia por este caso se concretó el 2 de junio del año pasado, cuando 15 expresos ingresaron a la unidad militar y reconocieron las áreas de tortura. En abril el expediente pasó a estudio de la nueva fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, junto con otras 200 causas.