A medida que se van conociendo detalles del escabroso caso, se complica la situación de los cinco hombre formalizados días atrás, en tanto avanza la investigación del turbio caso por el que podrían declarar en las próximas semanas entre 25 y 30 personas.
La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º Turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó el miércoles 13 de mayo a 5 hombres detenidos en el marco de la “Operación Océano”.
La investigación se inició a partir de una denuncia por abuso sexual en contra de H.D.S., radicada el 28 de noviembre del año pasado, de la que surgió que este hombre se habría vinculado con una adolescente, la que aseguró que otra chica había sido abusada sexualmente.
En tanto, otro indagado, H.G. presentó denuncia contra esa joven por difamación, ya que la misma habría subido un video a una red social acusándolo de haber abusado de su amiga. Fue la adolescente que entregó su teléfono celular en el que surgieron diversos elementos probatorios.
Luego de diversas diligencias y pericias que se realizaron a los aparatos, surgieron datos de otras menores de edad que también serían víctimas de explotación sexual a manos de varios hombres mayores de edad. Allí es donde se encontraron nutridos intercambios por chat con los ahora imputados.
Del análisis de los diálogos, se desprende que estos individuos habrían pagado o prometido pagar a una adolescente, distintas sumas de dinero, o estupefacientes a cambio de que la misma les realizara actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual.
El pedido
El miércoles, Darviña Viera solicitó la formalización de la investigación, respecto de W.U.B. (abogado, exjuez de Aduanas y Menores, exdocente); M.A.L.G. (abogado, ex asesor de la Ursea); M.A.Z. (arquitecto); N.O.D.L. (dirigente colorado de “Ciudadanos” y docente); y N.C.L. (organizador de fiestas de música electrónica).
En su pedido, además, la Fiscal del caso solicitó como medida cautelar para todos los imputados la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y/o comunicación por cualquier medio con la víctima por el término de 180 días, en tanto sigue la investigación.
Además, pidió la suspensión de la patria potestad de los imputados respecto de sus hijos, y que se los inhabilite para ejercer funciones públicas y privadas en todas aquellas áreas que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
La conducta desplegada por los 5 imputados, según la Fiscal Viera, encuadra en la figura descripta en los artículos 18, 60, del Código Penal, y artículo 4 de la Ley N° 17.815: Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
Además, en lo contenido en los artículos 14 y 15 del CNA, artículos 31 y 35 de la Ley N° 14.294 y sus modificativas, que castiga distintos delitos vinculados a sustancias estupefacientes. Los dos artículos se refieren al suministro de estupefacientes, entre otras cosas.
El exjuez B.G., está imputado por el delito de promesa de pago a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales en reiteración real, con la modalidad de ofrecimiento de sustancias estupefacientes. El empresario de fiestas electrónicas, fue formalizado bajo la imputación de varios delitos.
Al igual que a B.G., le imputan reiterados delitos previstos en el mismo artículo la Ley N° 17.815, por la reiterada retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales, en reiteración real, pero además con reiterados delitos de suministro de estupefacientes.
En el caso del dirigente colorado N.O., fue formalizado bajo la imputación de reiterados delitos de retribución a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales; por los mismos delitos están imputados el arquitecto M.Z. y el abogado y ex asesor de la Ursea, M.A.L.
(Foto: Montevideo Portal)
