El jerarca había sido denunciado por abuso de funciones dada la decisión por parte de la comuna de la demoler 4 viviendas en la costa de Punta Colorada. Con esta resolución y agotadas otras instancias, la administración queda en condiciones de proceder a la demolición.
Concluida la investigación, la Fiscal de 3° turno, Fabiana Corbo Figueroa, determinó que la conducta de la directora general de Asuntos legales, Adriana Graziuso, y del Intendente de Maldonado, Enrique Antía, en cuanto a la orden de demolición de 4 viviendas en Punta Colorada, “fue legítima y ajustada a derecho”.
Consideró que “no se trata de acto arbitrario y no fue dictado en abuso del cargo", agrega Corbo en la solicitud, y plantea que “tampoco se verifica el elemento subjetivo, en tanto la Intendencia tenía como finalidad generar un espacio de utilidad pública, sobre un predio que prima facie”, es de dominio público.
Se confirmó que los demandantes tiene domicilios reales en Montevideo y Maldonado, siendo las fincas de Punta Colorada, “utilizadas únicamente para veraneo y alquiler de temporada”, ya que no pudieron acreditar que viven allí en los procesos civiles y contencioso administrativo tramitados.
La denuncia
La denuncia contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue radicada el lunes 13 de noviembre de 2023 en la Fiscalía General de la Nación, por los abogados del estudio Donnángelo-Durán-Sasson, tras disponer el desalojo y demolición del grupo de viviendas ubicadas en la costa de Punta Colorada.
En la denuncia, se planteaba que los antepasados de la familia a la que la Intendencia de Maldonado quiere desalojar, compraron el padrón en 1896 y que habitan en viviendas con más de 150 años de antigüedad. Cerca, el año pasado habían sido demolidas varias boteras.
Los denunciantes, plantearon que el intendente Antía está violando el Artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial (N° 18.308), donde se establece que, en el caso de querer detener obras o demolerlas “la Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno”.
El lunes 11 de diciembre, el jefe comunal compareció en la Fiscalía de Maldonado hacia la que se derivó el caso, asistido por Jorge Barrera. Al retirarse, Antía dijo a los medios presentes, que “es una vergüenza que hagan una denuncia penal cuando hay seis resoluciones judiciales que dicen que son públicas”.
Además, reiteró que se está cumpliendo “con las seis sentencias y en el medio aparece en Montevideo una denuncia penal enredando la piola. Tengo claro que actué dentro de la ley y de mi mandato como intendente para defender las cosas de la comunidad y por eso vine a dar la cara”.
Para los denunciantes, el jefe comunal de Maldonado incurre en abuso de funciones en la medida en que actúa con arbitrariedad en perjuicio de particulares. El delito, previsto en el Artículo 162 del Código Penal, dispone penas de entre 3 meses y 3 años de penitenciaría.
