Este 31 de octubre se cumplen 15 años de la reforma constitucional en la cual los uruguayos eligieron soberanamente cambiar la forma de gestionar las aguas del país y reivindicaron el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Esta reforma estableció las bases para la política nacional de aguas que se aplica actualmente y que ha experimentado grandes cambios.

La política de agua que se lleva adelante en el país desde hace 15 años comprende el ordenamiento del territorio, la protección del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos hídricos, la participación de la sociedad civil en la gestión y el control.

También define las cuencas hidrográficas como unidades básicas, prioriza las razones sociales por sobre las económicas e integra como recurso unitario las aguas subterráneas y las superficiales, un servicio público estatal de saneamiento y agua potable.

Desde 2005, se creó la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), que pertenece al Mvotma y genera capacidades nacionales para formular políticas de agua y saneamiento, y la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, que promueve la participación del gobierno, los usuarios y la sociedad civil.

“La decisión tomada por el pueblo uruguayo fue trascendente, porque impulsó cambios y visibilizó la importancia que tiene el agua para los seres humanos y para el desarrollo del país”, consideró el titular de la Dinagua, Daniel Greif, al recordar los 15 años de la declaración.

En 2009 se aprobó la Ley de Política Nacional de Aguas, a partir de la cual se construyó una plataforma participativa integrada por tres consejos regionales de recursos hídricos y trece comisiones de cuenca. En todos, participan distintas instituciones estatales, usuarios, productores, empresarios y la sociedad civil.

Allí se construyen acuerdos para la gestión de las cuencas considerando todas las miradas. La expansión de la Universidad de la República en el interior del país permitió el desarrollo del conocimiento para cada realidad territorial en apoyo al trabajo en cada cuenca.

En 2017, luego de un intenso proceso participativo, Uruguay aprobó su Plan Nacional de Aguas, que orienta y articula acciones, intereses y competencias de los distintos actores sobre tres objetivos principales: agua para el uso humano, agua para el desarrollo sustentable y agua y sus riesgos asociados.

Para Greif, la reforma le otorgó una gran transversalidad al uso del agua. Entre los grandes hitos de los últimos años, mencionó dicho plan, “que pasó por una importante construcción colectiva con participación real de todos los actores” mencionados anteriormente.

Además de recuperar el control estatal del servicio de agua potable en Uruguay, hoy se invierten a través de OSE unos U$S 150 millones para agua potable y saneamiento. Con esos recursos fueron desarrollados 16.500 kilómetros de redes de agua potable, cobertura para 700 localidades.

Además, 70 plantas potabilizadoras, 1,15 millones de conexiones a la red, 50 sistemas de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, 4.050 kilómetros de redes de saneamiento, cobertura para más de 200 localidades y 340.000 conexiones al saneamiento.

Actualmente, el 99% de la población uruguaya accede al agua potable y el 60%, al saneamiento por redes de alcantarillado público.