El empresario argentino debe abonar 9.000 UR al Estado -en un plazo de 10 días a partir de la notificación-, al constatarse la construcción irregular de una docena de tajamares en su gigantesco establecimiento “El Gran Chaparral”, ubicado al Norte de Playa Verde.

Balcedo, que cumple prisión domiciliaria imputado por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas -aunque no admite ser responsable de ninguno-, en su propiedad de unas 96 hectáreas cuenta con 12 tajamares que, captan agua considerada “pública”.

La resolución del Ministerio de Ambiente estableció una multa de 3.000 Unidades Reajustables (UR) y un adicional de 6.000 UR más, porque los 12 tajamares no están regularizados y se alimentan de agua considerada pública en el amplio predio de “El Gran Chaparral”.

Un informe de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), señala que se constató que no hay autorización para el uso de aguas públicas, por lo que se incumple la normativa vigente; en ese marco se aplica la multa mencionada y un adicional por no haber regularizado la situación en un plazo de 60 días.

Balcedo cuenta con 10 días de plazo para el pago de la multa que, convertido a dólares equivale a unos 323.000; en caso de no cumplir con en el plazo estipulado, el Ministerio de Ambiente indica que quedará habilitado a iniciar acciones judiciales para acceder a ese dinero.

Animales

No es la primera vez que el establecimiento del matrimonio argentino quedó en la mira de una dependencia del Ministerio de Ambiente, ya que el miércoles 10 de enero de 2018, un equipo de inspectores de Fauna de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), allanó “El Gran Chaparral”.

En un operativo coordinado con Interpol, constataron la presencia de aves exóticas y fauna nativa, aunque todo en buen estado. Entre las especies exóticas se encontraron 2 ejemplares de guacamayos, 1 loro hablador, 5 llamas y 2 alpacas; y entre las autóctonas, 5 carpinchos y 14 ñandúes.

Las aves incautadas en aquella ocasión, integran la denominada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo que apunta a conservar la biodiversidad a través de la regulación del comercio de especies.

En Uruguay el cuidado de la biodiversidad es una política de Estado, y de la calidad y el bienestar de los ecosistemas, de las especies de flora y fauna, así como de los recursos genéticos, que constituyen la diversidad biológica, depende también la calidad de vida de la población.

En particular, la protección de la fauna autóctona es un tema de gran sensibilidad para la sociedad, demostrado en el alto porcentaje de denuncias recibidas en Dinama. Aquel operativo, dejó en evidencia otra de las excentricidades identificadas en la investigación del complejo caso Balcedo.