El trámite fue realizado este jueves 14 de julio, conjuntamente con una denuncia penal por falso testimonio, contra dos testigos que declararon ante el magistrado. El abogado de la comuna, dijo que se está ejerciendo el derecho en base a trascendidos de prensa y conocimiento informal del mismo.

Este jueves, el Ejecutivo Departamental de Maldonado, representado por el abogado Hugo Álvez, presentó en el Palacio de los Tribunales, frente a la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo, los recursos de reposición y apelación contra el fallo del juez Alejandro Recarey emitido el viernes 8 de julio.

El magistrado, resolvió que se detengan las obras previstas por la Intendencia de Maldonado desde la Brava de Punta Colorada en dirección a Punta Negra, como resultado de una acción de amparo presentada por “Nativos Punta Colorada” y la Comisión Fomento de Punta Colorada (CFPC).

El recurso de reposición y apelación presentado, es contra el decreto del juez Alejandro Recarey que decidió la medida cautelar que “supuestamente suspende la construcción de una rambla en Punta Colorada cuando tal obra no existe, ya que la rambla tiene más de 60 años”, esgrime la IDM.

También se agrega que lo que hizo la Intendencia de Maldonado fue refaccionar la misma y que las obras se terminaron e inauguraron en diciembre pasado, desconociendo la denuncia de las dos organizaciones que hacen referencia a un segundo tramo desde Punta Colorada hacia Punta Negra.

El abogado Hugo Álvez, según informó comunicaciones de la administración Antía, “opinó que al parecer hubo una extraña feria judicial, donde grupos minoritarios utilizaron la misma para conseguir fallos express”, y que, “al día de hoy la intendencia no fue notificada del fallo”.

Asimismo, se desconoce el fallo de Recarey, al señalar que la IDM “está ejerciendo su derecho en base a trascendidos de prensa y conocimiento informal del mismo”, porque incluso, “viniendo al juzgado” no pudieron ser notificados, motivo por el cual reflexionó que, “al parecer había urgencia en mediatizar el tema”.

Por otra parte, Álvez aseguró que el magistrado se basó en testimonios de testigos que faltaron a la verdad, motivo por el cual la intendencia decidió denunciarlos por falso testimonio, cosa que también concretó en las últimas horas. “Se acusó a la Intendencia infundadamente de actos ilícitos que no cometió”, señaló.

Ante el argumento de que la rambla entre San Francisco y Punta Colorada fue construida sin permisos ambientales, Álvez acotó  que, “las ramblas, por el Artículo 153 del Código de Aguas, están fuera de la faja de defensa costera y no se requiere ninguna autorización ambiental para trabajar fuera de ella como es el caso”.

“Es otra de las falacias que los testigos ratificaron y otra de las razones por las cuales se presenta la denuncia penal”, concluyó. No se informó si en este caso, la denuncia penal fue radicada en un juzgado de Maldonado o si por el contrario se realizó en una sede de la capital del país.