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El ex intendente de Maldonado realizó dos pedidos de informes a través de la Cámara Baja, vinculados al acuerdo de la Intendencia departamental con particulares, por tierras ubicadas en la franja costera frente al balneario Buenos Aires. Los pedidos están dirigidos a dos ministerios y a la Fiscalía General de La Nación.

En uno de los pedidos de informes realizado por el diputado De los Santos, dirigido al ministerio de Educación y Cultura y a la Fiscalía General de la Nación, señala que el 27 de noviembre pasado, la Junta Departamental de Maldonado aprobó una “transacción” con particulares remitida por el Intendente Enrique Antía.

Explicó que el último trámite tiene su origen en enero de 2017 con una petición de un conjunto de actores privados que solicitan y plantean “el reconocimiento de la naturaleza privada de la propiedad de los inmuebles empadronados con los números 10.108 y 10.109”, de El Chorro.

En el planteo también se solicita “el reconocimiento de derechos sobre el baldío a empadronar proveniente de las Fracciones Rurales empadronadas en mayores áreas con los números 4327, 5132, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6147 y 1517”, también ubicado en El Chorro y balneario Buenos Aires.

En el planteo de los privados, se presentó un proyecto inmobiliario a desarrollarse en los primeros padrones, que consiste en el amanzanamiento y construcción de “un auténtico nuevo barrio situado sobre el actual cordón dunar al Sur de la Ruta 10 y en primera línea ante el mar”, explicó el legislador.

Agrega De los Santos que este desarrollo ocuparía “la histórica faja de dominio público, que abarcaría el frente Sur del Balneario Buenos Aires”, entre las calles 30 y 45. En su pedido de informes recuerda que años atrás con sólidos fundamentos jurídicos la IDM defendió el carácter público y fiscal de esa faja de playa.

“Todas esas acciones legales en curso, todas con expectativa positiva para la Intendencia, se interrumpen por esta transacción, se abandona la defensa de los intereses públicos y se accede al reclamo de los inversores inmobiliarios particulares”, agregó Oscar De los Santos.

Además, señaló que se repite “el mismo procedimiento que hace poco tiempo se realizó en la zona de playa de Edén Rock -en la misma zona que el presente caso-, y que fuera objeto de una impugnación ante esta Cámara que se resolvió favorablemente anulando el ilegal acuerdo realizado”.

Insistió que el criterio ha sido el mismo, “sustituir el procedimiento judicial y establecer un acuerdo con los particulares sin esperar los pronunciamientos de los tribunales, pese a los antecedentes a favor y a la sólida argumentación que los equipos jurídicos de la Intendencia han desarrollado…”.

En función de esto, De los Santos desea saber si los Fiscales Letrados Departamentales no deben omitir opinión en los trámites de las transacciones judiciales que se sometan a su estudio de acuerdo con lo originalmente previsto por la Ley Orgánica de los gobiernos departamentales de 1935.

Además, si ha tenido conocimiento la Fiscalía General de la Nación de otros casos de transacciones similares a la presente que se hayan planteado posteriormente a la vigencia de los Artículos 28 y ss. del CGP, y del establecimiento de la Instrucción General Nº “.

El otro pedido de informes del mismo tenor está dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas. En función de lo detallado, De los Santos desea saber si la Intendencia de Maldonado puso en conocimiento del MEF la transacción de referencia, y si ha intervenido en las actuaciones relacionadas con los padrones 10.108 y 10.109.

Finalmente, si se tomará algún tipo de acción frente al acuerdo transaccional al que han arribado la Intendencia de Maldonado y los particulares peticionantes, que, pretenden llevar adelante un desarrollo inmobiliario en la citada franja de costa en El Chorro y balneario Buenos Aires.

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