La Intendencia de Maldonado (IDM) propone la reinstalación del Programa Presupuesto Participativo en el marco de la Modificación Presupuestal 2027-2030 presentada días pasados. La iniciativa prevé una asignación de casi 400 millones de pesos para todo el departamento durante el período.
De acuerdo con el texto, el programa apunta a democratizar la asignación de recursos públicos mediante la participación ciudadana en la gestión departamental, promover la equidad territorial en la distribución de inversiones e impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
El monto asignado a cada Municipio equivaldrá al que le corresponde anualmente por el literal B de las transferencias del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal.
Según el texto, se trata de una asignación presupuestal sin precedentes para este mecanismo.
Los montos se calculan en función de indicadores territoriales y sociales, entre ellos la población con necesidades básicas insatisfechas, el nivel educativo de la población de 25 a 65 años y la densidad poblacional de cada territorio.
La normativa que acompaña la Modificación Presupuestal incluye un Reglamento General, dentro del cual cada Municipio podrá definir un Reglamento Particular que establezca los montos máximos por proyecto y la distribución de los recursos en su territorio.
Según el documento, el mecanismo busca la asignación equitativa, racional, eficiente y transparente de los recursos públicos, permitiendo que la población defina, priorice y controle el destino de una parte significativa de los mismos, bajo los principios de participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia, equidad y universalidad.
La reglamentación prevé dos fases centrales de funcionamiento. En la primera, se realiza una convocatoria pública para la presentación de proyectos, que luego de una evaluación técnica son priorizados por el Concejo Municipal según la consideración de la ciudadanía. En la segunda, una vez realizada la votación, una comisión responsable monitorea y supervisa la ejecución de los proyectos aprobados, y cada Municipio difunde su estado de avance.
La exposición de motivos señala que la normativa prioriza proyectos de inversión destinados a sectores vulnerables o con necesidades históricas, ubicados en espacios públicos departamentales y de uso comunitario, con el fin de evitar corporativismos en la asignación de los fondos.
