La bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Maldonado, apoya la denuncia realizada siete días atrás por el edil colorado, doctor Juan Eduardo Silvera, sobre una presunta transacción entre la IDM y particulares en torno a tierras que no son privadas en la zona de Eden Rock.

La bancada de ediles del FA, emitió un comunicado en referencia a la denuncia realizada en la sesión del martes 25 de julio por el edil Juan Eduardo Silvera (PC), respecto a una transacción de la IDM con particulares, reconociendo la propiedad privada en una zona de playa en Eden Rock.

El comunicado señala que:

1. Que mientras se realizan las actividades pertinentes a los efectos de acceder a toda la información necesaria, y se mantienen contactos con los sectores políticos con los que se comparte esta preocupación, se señala la gravedad de la denuncia realizada por el edil del Partido Colorado;

2. Que una transacción como la denunciada no se puede sustraer a la intervención de la Fiscalía Letrada y a la aprobación de la Junta Departamental, y mucho me-nos al conocimiento de la opinión pública;

3. Que la defensa de la faja costera pública fue un eje central del gobierno del Frente Amplio y de otros gobiernos departamentales anteriores al año 2000 y sigue siendo un objetivo y una necesidad para los intereses medioambientales públicos de la población del departamento de Maldonado y para su desarrollo económico.

El caso

El 25 de julio, el doctor Juan Eduardo Silvera, dijo en el plenario de la Junta Departamental, que es “extraño” que en momentos en que la Intendencia de Maldonado gana juicios de particulares que reclaman derechos de propiedad sobre la faja costera de 150 metros, “ésta decida suspender esos juicios para negociar”.

Silvera centró su denuncia en una situación verificada en la zona de la playa Eden Rock, ubicada casi frente a la boya petrolera de Ancap, donde tres particulares años atrás iniciaron demandas reclamando derechos de propiedad, aunque dos casos ya fueron desestimados por la Justicia.

“Pero uno, que no llegó hasta el final del juicio, presentó junto con la Intendencia, en el Juzgado de 5° Turno, un escrito diciendo que quería dejar sin efecto el juicio en virtud de una resolución de la Intendencia del día 2 de junio de 2017”, cuya publicación no se habría realizado.

El edil Juan Eduardo Silvera, agregó que “esta persona, que reclamaba pagar lo que no le cobraban de impuestos, lo cual es extrañísimo, pide reiteradamente dejar sin efecto el juicio. Es que la Juez no ha hecho lugar al pedido y les está solicitando a las partes diversas aclaraciones”.

El Juzgado de 5° Turno aún no se ha expedido y notificó al Ministerio de Economía y Finanzas que también había sido parte del pleito. Silvera, procura que con el apoyo de al menos 11 ediles se pida anular la presunta resolución, amparándose en la Constitución de la República.

El mecanismo consiste en presentar un recurso ante la Cámara de Diputados, para accionar el Artículo 303 de la Constitución, que prevé la “anulación por ilegalidad: no respeto de la franja costera legal y falta de aprobación de la transacción por parte de la Junta Departamental”.