El martes último, durante el espacio de los partidos políticos, la edil (s) del Partido Nacional, María José Mafio, hizo una encendida defensa de las políticas que lleva adelante la administración Antía de la franja costera. Sin embargo, la oposición entendió que estaba violando el reglamento al enfocarse en el caso de Eden Rock, denunciado por un edil colorado.

La doctora Mafio, comenzó su exposición señalando que “en estos últimos días mucho se ha hablado del tratamiento de los predios ubicados en la costa del departamento. Los dichos que han surgido no son ciertos”, sostuvo, en clara alusión a la denuncia formulada semanas atrás por su par colocado Luis Eduardo Silvera.

Mafio dijo que no sabe “si es por falta de conocimiento del tema o por otra cuestión, pero entendemos que la población del departamento merece saber la verdad sobre este tema tan delicado”, lo que comenzó a molestar a ediles de la oposición que entendieron se estaba violando el reglamento.

El Artículo 25 del Reglamento de la Junta Departamental de Maldonado, establece que durante la media hora previa o el espacio de los partidos políticos, “no se podrán formular mociones de orden, ni fundamentos de votos, ni alusiones, ni comentarios a resoluciones o hechos ocurridos en sesiones anteriores…”.

La edil María José Mafio, claramente estaba haciendo referencia a la denuncia formulada el 25 de julio por el doctor Juan Eduardo Silvera (PC), sobre una situación planteada por tierras en la playa Eden Rock, y que desembocó en la presentación de un recurso ante la Cámara de Diputados, suscripto por 15 ediles.

Defensa costera

La doctora María José Mafio, continuó exponiendo que, “una de las políticas que está ejecutando el Intendente es la defensa de la costa, con el fin de tener una costa consolidada y ordenada, lo cual implica regularizar la situación de las playas en general, no solo desde el punto de vista del medio ambiente…”.

Agregó que eso implica, entre otras cosas, resolver expedientes de diferentes padrones en zonas costeras que se encontraban en trámite. En este contexto mencionó casos como el de Eden Rock. “Lo primero que hizo la administración al respecto fue solicitar la suspensión de los casos procesales de aquellos expedientes judiciales que se encontraban en proceso”, explicó.

La medida, según María José Mafio, se tomó “para estudiar caso a caso cada uno de los expedientes, evitando que los plazos judiciales vencieran, en perjuicio de la administración y, por lo tanto, de la población en general”, haciendo luego una serie de precisiones al respecto.

Dijo que la anterior administración departamental (frenteamplista) “desconocía el derecho a la propiedad privada”, y que no tomaba ningún tipo de medidas con respecto a la defensa de las costas, lo que está procurando revertir la administración encabezada por el ingeniero Enrique Antía.

“La idea es defender los espacios y evitar generar daños y perjuicios a los particulares y al propio pueblo. Hoy todos podemos disfrutar muchas de las playas vírgenes de los particulares, pero si ellos ganaran estos juicios de los que estamos hablando, no sé si podremos garantizar lo mismo para el día de mañana”, sostuvo.

Posteriormente, volvió a la situación de tierras en disputa en la zona de Eden Rock, señalando que “este es un tema que data de muchos años, no comenzó en esta administración”, haciendo referencia al contenido uno de los expedientes, “de los que se ha hablado en los diferentes medios…”.

Se trata del expediente 2009-88-01-02276, que refiere a los padrones que van del 924 al 927 de Eden Rock, sobre el cual Mafio quiso hacer algunas precisiones: “surge de la información registral que estos bienes estuvieron hipotecados; es sabido que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de hipoteca”.

Por lo cual, “este es un claro indicio de que no estamos ante bienes de dominio público”, en lo que fue considerado como otra clara alusión al recurso presentado por los 15 ediles de la oposición ante la Cámara Baja, a partir de la denuncia realizada por Silvera en el mes de julio.

“En ese expediente se declaró el bloqueo de los padrones a efectos de estudiar la titularidad de los mismos; cabe aclarar que toda la vida esos padrones fueron considerados como privados y es por eso que toda la vida pagaron contribución, hasta que un día a alguien se le ocurrió que podían ser públicos, entonces los bloquearon”, insistió.

“Claramente es una violación al derecho de propiedad y genera un estado de inseguridad jurídica peligroso, que obliga a los dueños a iniciar acciones contra la Intendencia. El TCA no se pronuncia sobre el fondo, solo expresa que no se prohíbe construir. En 2005 se presenta un permiso de construcción”, agregó.

Complementó señalando que “a fojas 29 (del mismo expediente) el director de Planeamiento reconoce los padrones como privados. A fojas 39 la escribana Tochetto confirma la salida fiscal en 1810, reconociendo estos padrones como privados. A fojas 41 el doctor Ipharraguerre confirma que son privados. A fojas 59 Tochetto, durante la Administración de De los Santos, confirma que es privado y ordena que se dé cumplimiento a la Resolución Nº 2.987 de 2005”.

“También informa favorablemente la Comisión de Fraccionamiento a fojas 61. Una vez informado, todo esto pasa nuevamente a Jurídica y cabe aclarar que, a partir de ese momento, al expediente lo duermen. Decimos ´lo duermen´ porque pasó siete años de una oficina a otra sin resolverse…”, reseñó Mafio.

Fue en ese momento que, agotado el tiempo reglamentario, la oposición no votó una prórroga, en el entendido de que la doctora María José Mafio estaba violando el Reglamento Interno de la Junta Departamental de Maldonado, lo que generó un breve debate aunque sin mayores consecuencias.

En las redes

Sin embargo, algunos días después, Mafio denunció en su cuenta personal de Facebook que el martes 15 había sido censurada por la oposición y que, su exposición que había quedado trunca tampoco había sido tomada por ningún medio de prensa, por lo que decidió compartirla por la mencionada vía.

Allí, en el tramo que no pudo exponer, insiste respecto al caso Eden Rock, que “nunca se determino que estos bienes fueran de dominio público, pero tampoco se los reconocía como privados, motivo por el cual el damnificado inicia las acciones judiciales contra la Administración”.

Por último y luego de aportar otra serie de datos del proceso, sostiene que el camino tomado por la administración Antía “no se trata de una transacción como algunos han querido hacer creer”, aludiendo a que “la versión de los supuestos hechos que han salido a la prensa a través de diferentes interlocutores y en diferentes medios no son verdaderos”.

En el final, dijo que “es lamentable que se pretenda resolver este asunto en la vía política desconociendo lo jurídico”, y acusó a los ediles de la oposición (la totalidad del las bancadas del FA y PC) de no haber solicitado nunca el expediente administrativo donde se encuentra la resolución que pretenden recurrir.