Los ediles frenteamplistas (Espacio 738) Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, presentaron una demanda judicial de acceso a la Información Pública, ante la negativa de la Intendencia de Maldonado de brindarles información sobre una serie de pedidos realizados desde fines de 2016.

El lunes 30 de octubre, los ediles Delgado y De los Santos (FA, Espacio 738), presentaron una demanda judicial por acceso a la información pública, reclamando la entrega de la información que la Intendencia de Maldonado les viene negando desde diciembre de 2016 y enero de éste año.

En las mencionadas fechas, ambos ediles departamentales habían presentado 17 solicitudes de información por este nuevo mecanismo de la ley aprobada en 2008, relativos a asuntos concernientes a tres direcciones generales de la Intendencia de Maldonado.

Los pedidos iban dirigidos a Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social, y Hacienda, abarcando asuntos como: situaciones funcionales, ingresos a la administración, créditos presupuestales, sanciones, recaudación departamental, ampliación de información de rendiciones de cuentas, y gestión de Centros de Atención Infantil de Verano.

De acuerdo a los demandantes, “había varios asuntos de gran relevancia política”, como información económica y financiera relativa a 2015 y 2016; detalles de la emisión de la Planilla de Contribución Inmobiliaria de 2017; contratos con la fundación “A Ganar”; sobre llamados a inspectores y a choferes; y sobre ingresos de becarios y pasantes.

También sobre procedimiento disciplinario a un funcionario (ex dirigente de Adeom) que dormía sobre una bandera nacional en horario de trabajo; contratación de familiares del Intendente; funcionarios en comisión que perciben diferencias salariales, ascensos, cambios de regímenes horarios y cobro de primas, régimen de retiro, e ingresos a la administración.

Todos los pedidos, recuerdan De los Santos y Delgado, fueron negados en informes de la directora general de Asuntos Legales de la administración, doctora Adriana Graziuso, aduciendo que en razón de que el solicitante es edil departamental, “debe canalizar sus pedidos a través del procedimiento previsto en la Constitución de la República”, Artículo 284.

El informe de la jerarca, sostuvo además que, “como Edil, no puede tramitar asuntos particulares o propios de ningún tipo ante el Gobierno Departamental, por lo que le está vedado recurrir al prescripto por la Ley de Acceso a la Información Pública…”.

De acuerdo a los denunciantes, ésta respuesta, que no tiene antecedentes en gobiernos anteriores en Maldonado, motivó un pormenorizado análisis y cuestionamiento y la presentación de las impugnaciones correspondientes a la vista que se concedió en los expedientes.

“Es ante esta repetición de la antojadiza, equivocada, malintencionada y ocultante interpretación de los derechos de los ediles, de los ciudadanos y de las normas vigentes respecto al derecho al acceso a la información pública, que realiza la doctora Graziuso…”, decidieron informar al organismo que por imperio legal, puede controlar la implementación de la Ley 18.381.

Simultáneamente, se realizó la misma denuncia en otros ámbitos especializados en temas de derecho al acceso a la información pública, y se prepararon las actuaciones judiciales correspondientes, luego de conocerse en el mes de agosto, el pronunciamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública de AGESIC.