Un recurso de inconstitucional interpuesto por la Intendencia de Maldonado contra un artículo de la Ley N° 18.381, dejó trunca el miércoles una audiencia judicial, por la denuncia presentada por dos ediles del Frente Amplio, que reclaman acceder a información que les niega desde diciembre del año pasado la administración Antía. La directora de Asuntos Legales de la comuna, sostiene que los ediles optaron por un camino que se aparta de la Constitución.
Poco antes del mediodía del miércoles 8 de noviembre, se supo que la instancia judicial (audiencia pública) prevista para esa jornada, tras una denuncia presentada por los ediles Leonardo Delgado y Fermín De los Santos (Frente Amplio) contra la Intendencia de Maldonado, fue suspendida.
La suspensión se debió a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la administración departamental contra el Artículo 3° de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381) que fue elevado a la Suprema Corte de Justicia que, tendrá la última palabra.
“Los ediles no pueden pedir individualmente a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, información a la Intendencia como particulares, porque les está vedado ese relacionamiento directo con la Intendencia por la propia Constitución”, sostuvo la directora de Asuntos Legales de la comuna, doctora Adriana Graziuso.
“Si lo hubieran hecho (el pedido de informes) por el mecanismo correspondiente, y terminado por el mecanismo correspondiente con todo su procedimiento, es otra la situación”, aclaró la jerarca durante una entrevista en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este.
Respecto al reclamo por 17 pedidos de informes realizado por los ediles frenteamplistas Leonardo Delgado y Fermín De los Santos, entre diciembre de 2016 y febrero de este año, Graziuso dijo que “en parte alguna información se les dio pero luego no se pudo continuar porque desistieron de ese proceso”.
La funcionaria insiste en que los ediles deben relacionarse de otra forma con la Intendencia de Maldonado, y no a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque “son ediles, tienen un mecanismo constitucional para pedir información…”.
Consultada respecto a la falta de respuestas a 17 pedidos de informes que denuncian los ediles Delgado y De los Santos, dijo que no hubo ninguna negativa de parte de la Intendencia de Maldonado porque se fue “recolectando” información, y que “se demoró en el tiempo porque la información es muy abundante”.
Y volvió a reiterar que “ellos (los ediles) no continuaron con la reiteración de ese pedido, al contrario, inmediatamente acudieron a la Ley de Acceso a la Información Pública, optaron por otro camino, desistieron del camino constitucional que está previsto como relacionamiento entre dos órganos de un gobierno departamental”.
Insistió en que debían haber reiterado el pedido a través de la Junta Departamental, y “si aún no están satisfechos, pueden llamar a sala al Intendente. Ese es el mecanismo constitucional que no se movilizó”, y descartó que este sea un tema jurídico, porque “lo político no puede ir sobre lo jurídico”.
Finalmente, la doctora Graziuso explicó que la inconstitucionalidad del Artículo 3 de la Ley N° 18.381 radica en que está en discordancia con la Constitución respecto a ciertos funcionarios públicos “que tienen incompatibilidades en el relacionamiento directo, en este caso con la Intendencia…”
La otra campana
El edil Fermín De los Santos, dijo que no hay ningún argumento que respalde la decisión tomada por la Intendencia de Maldonado, y que, “lo único que veo es que el Intendente Antía y la doctora Graziuso quieren ocultar información” que es deber de los ediles conocer.
Desmintió además a la doctora Graziuso que sostuvo que les fue entregado parte de lo solicitado, porque en realidad lo recibido fueron datos muy parciales sobre algunos de los temas requeridos, y subrayó que junto a Delgado hicieron todos los trámites rutinarios para acceder a la información.
De Los Santos y Delgado, volvieron a hacer públicos detalles de la información solicitada en distintas ocasiones a la administración Antía, sosteniendo que la base del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, es la misma que sostiene desde hace un año la doctora Graziuso en nombre de la comuna.
“Este planteo -sin antecedentes en administraciones anteriores de la Intendencia-, ahora desarrollado en el texto del recurso de inconstitucionalidad, apenas logra suspender la audiencia y demorar la entrega de la información mientras se sustancia el recurso”, advierten.
Empero, dicen confiar en la Justicia, y esperan “con mucha paciencia la resolución de la Suprema Corte, pues este tipo de cuestionamientos, que también han sido hechos en el caso del edil Garlo hace pocos días, habían sido tajantemente descartados por la jueza actuante”.
Para los ediles reclamantes, “este manotazo de ahogado no evitará que en Maldonado se ejerza el derecho de acceso a la información pública” y, “aunque el Partido Nacional insista con el secretismo, la oscuridad y el ocultamiento, no podrán esconder para siempre los datos”.
