Las exoneraciones a los grandes proyectos de construcción en Maldonado y la solicitud de información sobre distintos asuntos, son temas que en este momento, más que nunca, tienen enfrentados al gobierno departamental encabezado por el ingeniero Enrique Antía y la principal fuerza opositora, el Frente Amplio.
El edil (s) Joaquín Garlo (MPP - Frente Amplio), reiteró conceptos vertidos semanas atrás en el plenario de la Junta Departamental de Maldonado, respecto a que se han perdido al menos US$ 4 millones anuales por exoneraciones de tributos a grandes proyectos de construcción.
Entrevistado en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, Garlo sostuvo que esos importantes recursos que se perdió de recaudar la administración Antía, se podían haber volcado a la construcción de viviendas y otras obras de interés público.
Insistió en que la situación en la industria de la construcción “no ha cambiado” en Maldonado, a pesar del “noble objetivo” de generar más inversión y empleo, como lo prometió el actual jefe comunal, porque el sector registra el pico más bajo de ocupación de los últimos 12 años.
Garlo aclaró que más allá de las críticas recibidas, cuando expuso sobre el tema lo hizo a partir de información muy valiosa y confiable, como un estudio en base a los proyectos aprobados por la Junta Departamental de Maldonado, realizado por 4 técnicos de la DINOT.
Agregó que la cifra de US$ 4 millones anuales que está resignando percibir la Intendencia, surge de la información de los propios expedientes, y que está denunciando algo que es un hecho porque la generación de miles de fuentes de trabajo no se ha logrado, al menos hasta el momento.
Joaquín Garlo aseguró que, frente a un déficit importante en el sector de la construcción, en las obras que han comenzado a partir de las exoneraciones otorgadas, solamente se han ocupado 200 puestos de trabajo cuando la expectativa era muy superior.
Por su parte, el secretario general de la Intendencia de Maldonado, doctor Diego Echeverría, dijo que los argumentos de Garlo no se pueden sostener porque es absurdo decir que se pierden tantos millones de dólares “por algo que no se tiene”, porque “sin incentivos no hay obras y sin obras no hay trabajo”.
Insistió que hay una doble moral porque se critican las excepciones que brinda Maldonado para reactivar la inversión, pero se “aplauden las (excepciones) del gobierno nacional”, y eso “al menos no me parece coherente”, dijo el secretario general de la comuna.
El doctor Echevarría, admitió que también le gustaría que los tiempos de las inversiones fueran otros, pero que hay una serie de aspectos que también hay que tener en cuenta porque influyen, y si bien no criticó el trabajo de la COMAP dijo que hay inversores que esperan por la aprobación de sus proyectos.
“Nadie invierte para perder”, aclaró, y recordó que también la situación financiera internacional puede llegar a incidir negativamente, por lo que es necesario aprobar las inversiones a la brevedad, porque si cambia la coyuntura, es probable que muchos inversores y proyectistas opten por otros destinos.
La información
En relación al otro tema que tiene enfrentadas a las autoridades departamentales con el Frente Amplio, en torno al largo litigio por información solicitada por dos ediles desde hace prácticamente 2 años y que desembocó en el ámbito judicial, el doctor Echevarría dio su opinión.
Reiteró que la Intendencia ha cumplido y ha entregado prácticamente toda la información solicitada más allá del fallo de la Jueza María Constanza Farfalla que “condena” a la comuna a, en un plazo de 15 días, entregar lo que aún resta de información vinculada a diversos asuntos.
Aclaró que en el ámbito jurídico el término “condena” no tiene la connotación que tiene en el ámbito público y que, si se debe entregar más información se entregará, aunque subrayó que en lo vinculado a asuntos tributarios se analizan los pasos a seguir porque hay información que no puede manejarse públicamente.
Diego Echeverría aclaró que no es legal revelar la situación tributaria de ninguna persona porque eso está amparado por el código tributario, con lo que dejó entrever que es probable que en el plazo que está corriendo se llegue a presentar algún tipo de recurso ante la misma sede judicial.
A este respecto, la presidenta del Frente Amplio, escribana Susana Hernández, se lamentó por el desgaste que ha habido ya que estos pedidos de informes como siempre se han realizado, no debieran haber desembocado en el ámbito de la Justicia como ha ocurrido.
Las autoridades departamentales del FA, acompañaron el mediodía de éste lunes a los dos ediles demandantes, Fermín De los Santos y Leonardo Delgado (Alianza Progresista), quienes explicaron claramente los alcances del fallo judicial emitido el jueves 24 de mayo.
Susana Hernández remarcó que el fallo de la Justicia es claro y no tiene dos interpretaciones, porque falta información que la Intendencia de Maldonado no ha proporcionado tras una serie de audiencias durante las cuales fue entregando documentos en forma parcial.
Aclaró, por otra parte, que, respecto a los temas tributarios, el pedido no apunta a conocer cuanto adeuda o debe pagar cada quien sino a los criterios de la administración para aplicar los últimos incrementos por ejemplo a la Contribución Inmobiliaria, considerados en algunos casos injustos.
“Entendemos que hubo aumentos desproporcionados”, dijo la presidenta del FA, al tiempo de admitir que esto es una cuestión ideológica porque hubo aumentos muy importantes para determinadas franjas de contribuyentes, y “para nosotros, tiene que pagar más el que tiene más, y pagar menos el que tiene menos”.
