Señala que hay antecedentes de situaciones similares por proyectos en Rocha y Río Negro, y sostiene, entre otras cosas, que la mayoría de estos procesos de intervención en áreas sensibles se vinculan a inversiones promovidas en el ámbito privado al amparo de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.

La declaración de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, señala que el recurso presentado ante la Cámara de Diputados, al amparo del Artículo 303 de la Constitución y respaldado por más de 6.000 ciudadanos de Maldonado, es el tercero por situaciones similares desde marzo del año 2020.

El recurso, que busca impugnar el Decreto N° 4056/2022 de la Junta Departamental de Maldonado, se suma a dos anteriores por proyectos en Rocha y Río Negro. “El denominador común es la falta de consideración (o incluso infringimiento) de las Leyes vinculadas al Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, señala el FA.

“La mayoría de estos procesos de intervención en áreas sensibles del territorio tienen vínculo expreso con inversiones promovidas desde el ámbito privado, en su mayoría urbanizaciones, con posibilidad de obtener exoneraciones a partir de la promulgación del Decreto N° 138/020…”, sostiene el FA.

Las exoneraciones a que hace referencia la declaración, están previstas en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Iniciativas como la de Maldonado tienen “gran empuje en el departamento de Colonia y donde existe gran preocupación por la privatización de las costas del Río de la Plata”, advierte.

Solo blancos

Respecto al PAI Marina Beach, el Frente Amplio señala que fue aprobado “solo con los votos del Partido Nacional en la Junta Departamental”, y promueve la recategorización del suelo como suburbano, lo que habilita automáticamente a desarrollar distintos tipos de emprendimiento.

En este caso, “habilitará un fraccionamiento destinado a la construcción de un hotel y un conjunto de 26 alojamientos residenciales particulares, sobre los médanos de una zona con relevancia ecológica de la costa del departamento”, ubicada entre los balnearios Buenos Aires y San Vicente.

La declaración, incluye además las razones por las cuales se presentó el recurso con el respaldo de más de 6.000 firmas de ciudadanos con credencial cívica emitida en el departamento de Maldonado:

“El exministro Adrián Peña, ignoró todos los informes de las dependencias técnicas del Ministerio de Ambiente, contrarios a la aprobación del proyecto porque aumenta la presión en el espacio costero, viola los arts. 50 y 51 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y los artículos 5, 6 y 11 de la ley 19.772 que regula el Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata”.

También por, “la falta de definiciones de protección costera, ya que no identifica ni caracteriza el ecosistema costero que afecta el proyecto inmobiliario así como tampoco establece cómo será la conservación del mismo.

Fue un no

La Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados, aprobó “sorpresivamente en diciembre de 2022”, un informe en mayoría (por 6 votos en 11) sugiriendo al plenario de la Cámara rechazar el recurso presentado por los ciudadanos de Maldonado.

Para el Frente Amplio, con esa decisión se desoyen “todas las razones de orden ambiental y todas las normas legales nacionales vigentes que se señalan en el propio recurso”, por lo cual ante esta situación particular de Maldonado y otras similares que se han dado en otros departamentos, plantea:

“1. Su preocupación por el infringimiento reiterado de las leyes vinculadas al Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Ya sea por ausencia de los procedimientos o por negación expresa de lo establecido en la normativa vigente a nivel nacional, particularmente la ley Nº 19.772, aprobada en 2019 por todos los partidos políticos.

2. Que acompaña la preocupación de los vecinos y vecinas de Maldonado por la protección frente a la privatización de un bien reconocido como de interés general, como es el espacio costero frente a acciones invasivas o privatizadoras que degradan estos ecosistemas sensibles.

3. Respaldo a la actuación de la bancada de Diputados para la búsqueda de acuerdos políticos que permitan alcanzar la anulación del Decreto impugnado para concretar la protección del ecosistema costero y el respeto de la normativa vigente sobre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”.