El edil del Frente Amplio Juan Urdangaray anunció en la Junta Departamental de Maldonado la presentación de un proyecto de decreto que modifica el artículo 21 del TONE (texto ordenado de normas de la edificación) —el artículo que regula las excepciones a la normativa de ordenamiento territorial— con el objetivo de exigir estudios de impacto ambiental e instancias de participación ciudadana para grandes proyectos inmobiliarios.

La iniciativa será remitida a la Comisión de Legislación e incluirá la participación de distintas áreas del ejecutivo departamental en su estudio.

Según explicó Urdangaray, la propuesta surge de identificar dos debilidades en la normativa vigente. La primera refiere a la calidad de los informes técnicos que acompañan los expedientes: "Muchas veces no solamente que se limita a hablar de cuestiones urbanísticas, sino que lo que hace es hablar de los antecedentes del expediente", señaló, en referencia a los informes de la Dirección de Gestión Territorial. La segunda debilidad apunta a la falta de participación de los vecinos: "Se enteran o cuando ponen el cartel que van a construir un edificio o cuando ya comenzaron las obras".

El proyecto contempla que los gestionantes de grandes excepciones deban presentar un estudio de impacto ambiental que aborde movilidad, sobrecarga de servicios, paisaje y servicios públicos. Además, establece instancias de participación ciudadana —que irían desde una puesta de manifiesto hasta una audiencia pública— según la magnitud del proyecto, medida en parámetros de altura, FOT y FOS.

El edil aclaró que la iniciativa "no busca trancar las inversiones, ni trancar el desarrollo", sino establecer un marco de ordenamiento territorial en el que "el vecino, la vecina, tenga que incidir cómo quiere que crezca su barrio".