El diputado nacionalista, electo por Maldonado, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional Raíces, con el objetivo de formar, retener, recuperar y atraer capital humano hacia los territorios del interior con déficits de técnicos y profesionales.
El texto establece un programa a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que actuará como autoridad de aplicación. El organismo deberá elaborar cada dos años un Mapa Nacional de Prioridades Territoriales, que identificará los territorios y los perfiles con déficits de capacidades.
El programa contempla 4 componentes: formación y calificación de personas residentes en el territorio, retención de técnicos y profesionales ya radicados, retorno de personas con vínculo previo con la localidad, y radicación de personas sin vínculo previo.
Entre los apoyos previstos figuran becas para matrícula, transporte, alojamiento y materiales; apoyo para traslado e instalación; complemento temporal de arraigo; y una prima de permanencia para quienes mantengan su residencia y actividad en el territorio durante el plazo establecido en cada convocatoria.
El texto fija topes máximos por beneficiario: hasta 30 Unidades Reajustables por traslado e instalación, hasta 10 UR mensuales durante un máximo de 24 meses por complemento de arraigo, hasta 40 UR por prima de permanencia, y hasta 20 UR anuales por becas de formación, monto que podrá elevarse a 40 UR en casos justificados.
El proyecto incluye un incentivo para entidades privadas que contraten a beneficiarios del programa en los perfiles y territorios definidos como prioritarios. Estas empresas accederán a una reducción de aportes patronales de hasta 75% durante los primeros 24 meses de la relación laboral, porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá elevar hasta 100% en los territorios de mayor criticidad.
Para acceder al beneficio, las entidades deberán estar al día con el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y no podrán haber realizado despidos ni sustituir trabajadores existentes por beneficiarios del programa.
Los beneficios se otorgarán mediante convocatorias públicas y competitivas, sujetas a cupos y disponibilidad presupuestal, sin generar derecho automático a percibir prestaciones.
El Congreso de Intendentes participará en la definición de la estrategia general, y los Gobiernos Departamentales podrán actuar como ventanillas territoriales.
La primera convocatoria solo podrá abrirse una vez elaborado el Mapa Nacional de Prioridades y asegurados los créditos presupuestales correspondientes.
