El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo confirmó, tras la comparecencia del exministro de Defensa Armando Castaingdebat ante la comisión investigadora, que el primer pago a la empresa Cardama, por más de 8 millones de euros, fue efectuado por el Ministerio de Defensa sin tener a la vista la documentación original de la garantía. 

Según Garlo, el pago se respaldó únicamente en un informe del estudio Delpiazzo, cuyo rol, aclaró el propio estudio, no era controlar las garantías. 

El legislador oficialista señaló que la decisión de otorgar prórrogas al astillero fue política y no consideró las consecuencias que traería, entre ellas la presentación de una garantía falsa y documentación falsificada por parte de la empresa. La comisión cuenta con el documento original emitido por un escribano español y con el documento presentado por Cardama, que resultó falsificado y permitió activar el primer pago.

Garlo descartó que hubiera sido posible sustituir la garantía y continuar el proceso sin llegar a juicio, ya que el mismo día en que se constató que era falsa, Cardama presentó una nueva garantía con la misma empresa, que no tenía empleados ni domicilio y no existía. El diputado remarcó que el gobierno actual detectó la irregularidad en pocas semanas, mientras que la administración anterior no realizó los controles necesarios, afirmó

Respecto al trámite de la comisión, Garlo informó que se resolvió por unanimidad remitir toda la documentación a la Fiscalía una vez finalizado el plazo de trabajo, en agosto, en respuesta al oficio enviado la semana pasada por el fiscal Gilberto Rodríguez.

En cuanto a las próximas citaciones, el Frente Amplio planteó convocar formalmente a Mario Cardama, director del astillero gallego. El lunes próximo la comisión recibirá a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.