Uruguay registra en promedio dos suicidios cada 24 horas, una tasa que "duplica el promedio de la región", según planteó el edil nacionalista Javier de León, quien cuestionó los recursos que el Estado destina a la prevención frente a un sistema de salud donde conseguir una consulta psicológica "puede demorar meses”. “Como si una crisis emocional pudiera ponerse en lista de espera”, profundizó.

“El suicidio en el Uruguay no es una fatalidad genética ni una casualidad climática, es el resultado de prioridades políticas y sociales. Es la consecuencia de un Estado nacional que gasta millones en apagar incendios cuando la casa ya se quemó, pero escatima presupuesto en la prevención”, enfatizó el curul.

De León señaló que el Ministerio de Salud Pública cuenta con $200 millones para avanzar hacia un modelo comunitario de salud mental, pero al desglosar la cifra advirtió que representan apenas 40 millones de pesos anuales para todo el país, unos 2 millones por departamento. "Eso no alcanza ni para pagar el salario de dos profesionales en una policlínica", afirmó, y agregó que equivale a "11 pesos por persona al año", menos de lo que cuesta "un alfajor en cualquier almacén”.

El edil remarcó que las tasas más altas de suicidio se concentran en el interior del país, lejos de la infraestructura montevideana, y que entre el 76% y el 79% de las víctimas son hombres, en una cultura que "no les enseña a gestionar la vulnerabilidad" ni el fracaso económico.

En ese marco, valoró la respuesta de la Intendencia de Maldonado a través del Departamento de Salud y Adicciones, que trabaja en la articulación público-privada, la detección temprana y la presencia descentralizada en el territorio. 

Sin embargo, insistió en que "la política pública no puede ser una disputa de chacras" entre el gobierno nacional y los departamentales, y reclamó que el Plan Nacional de Salud cuente en 2027 con "financiamiento, firmeza y continuidad", ya que "la salud mental no es un favor que el Estado nos hace, es un derecho humano fundamental".