El edil del Partido Colorado, Juan Silvera, nuevamente expuso su preocupación ante el procedimiento utilizado por la Intendencia de Maldonado con respecto a varios juicios. Referenció el caso del abogado con el que la actual administración acordó el pago de US$ 600.000, y dos juicios que se presentaron por parte de particulares que alegan propiedades en zona de playas. 

El pasado martes, en la Junta Departamental de Maldonado, el edil del Partido Colorado, Juan Silvera expuso sobre el “procedimiento por el cual se resolvió abonar cerca de U$S600.000 a un abogado que había sido destituido dos veces” de la Intendencia de Maldonado (IDM).

Señaló que, respecto a este asunto la Junta Departamental resolvió conformar una Comisión Investigadora. Recordó además que ya se había solicitado a la IDM “que se revisara lo actuado por haber llegado a conclusiones equivocadas: no someter lo acordado, el acuerdo, al dictamen del Fiscal Letrado Departamental ni a la Junta Departamental”.

Sostuvo que en su solicitud buscaba realizar un aporte con “un espíritu constructivo”, con el objetivo de lograr “la reducción de la suma a pagar” y que se respetaran “los procedimientos legales, no por el respeto en sí mismo, sino por la transparencia que eso implica".

Explicó que realizaba un repaso a este asunto porque días pasado había recibido desde la comuna la respuesta a su planteo, en el que la directora de Asuntos Legales, doctora Adriana Graziuso, le señalaba que “de la simple lectura del expediente, aun para alguien que no sepa Derecho, surge claro que no hubo ninguna transacción y simplemente se cumplió una sentencia”.

La funcionaria agregó que, “esto era práctica habitual en el gobierno del Intendente Óscar de los Santos, por lo tanto esto no debería llamar la atención a persona conocedora del Derecho”, puntualizando además que “los argumentos manifestados por este edil carecen de cualquier base jurídica y, por lo tanto, el planteamiento no amerita ninguna revisión de las actuaciones”.

Silvera lamentó la escueta respuesta de directora de Asuntos Legales y manifestó que "demuestra no solo arrogancia o soberbia sino también falta de argumentos; porque si quería discutirlo en un tono adecuado, podría haberlo hecho sin decir poco menos que quien habló no tiene idea de lo que está diciendo, que en definitiva es lo que dice en este expediente”.

Por otra parte, aseguró que no hay “ninguna duda de qué es una transacción”, y explicó que “una transacción es un acuerdo por el cual se pone fin a un litigio cuando ambas partes se hacen recíprocas concesiones: uno renuncia a algo, otro renuncia a otra cosa. Y eso fue lo que hubo acá”.

Agregó que en este procedimiento el Juez debe aprobar la transacción presentada “para ver si no se violó alguna ley prohibitiva, alguna ley de orden público. Además, en las transacciones en que intervengan los gobiernos departamentales se debe someter al conocimiento del Fiscal Letrado Departamental y a la aprobación de la Junta Departamental”, lo cual no se hizo “y se sigue negando que esto sea una transacción”, sostuvo Silvera.

Dijo además que, “se envió el pago al Tribunal de Cuentas diciendo que se estaba cumpliendo una sentencia, y en este expediente no hay absolutamente ninguna sentencia que falle condenando a pagar ´tanto´ o ´cuanto´ a ninguna persona reclamante”, afirmó.

Es secreta

Ante el planteo de Juan Silvera, el presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas, le puntualizó al exponente que estaba hablando sobre “un tema que está en una Comisión Investigadora secreta”, lo cual fue negado por el edil que continuó con su argumentación.

Aclaró en ese momento que no tiene “animosidad particular con la persona reclamante en el juicio”, sino que su objetivo es que este proceder no sea “una práctica del gobierno departamental”, y explicó que cuando estudió Derecho Administrativo, “el profesor Martins nos decía que si éramos abogados sumariantes y veíamos que alguien cometía una falta, pensáramos que la había cometido reiteradamente".

"Y acá ya hemos detectado dos expedientes judiciales en Maldonado en los que, al igual que en este, se pide la suspensión de los juicios para negociar”, arremetió, haciendo referencia posteriormente a dos juicios suspendidos en los cuales hay particulares que alegan derechos sobre las playas, sin tener títulos de propiedad que los respalden.

"En los dos juicios, uno de ellos en febrero, otro en octubre, la Intendencia y los particulares deciden, de común acuerdo, suspender el trámite del juicio”, reveló Silvera, y preguntó “qué puede haber para negociar sobre la propiedad de las playas, cuando todos sabemos que las playas en el Uruguay son públicas”.

Reiteró que su crítica va dirigida al procedimiento que utiliza la administración con respecto a algunos expedientes, y manifestó su preocupación ante lo que parece ser la “nueva política en donde tenemos un juicio en un lugar, suspendemos el juicio de común acuerdo y, por otro lado, se tramita un expediente administrativo paralelo que no se somete al control de ninguno de los órganos externos que hay para controlar...".

El curul colorado insistió que hay que “respetar los procedimientos” y que “no se puede negociar nada sobre las playas que, además de estos dos juicios, hace no más de tres meses la Intendencia de Maldonado ganó dos juicios con respecto al tema de las playas”.

También explicó que “estos juicios en los cuales se reclaman playas y no se da intervención a los fiscales mientras se negocia, sabemos que de ninguna manera pueden prosperar. Les comento, por si alguno no lo conoce, que en el año 2010 o 2009 fue destituida una jueza en Rocha por haber permitido la prescripción de ciertos terrenos sin haber dado vista al fiscal".

Sobre el mismo caso agregó que "no solo fue destituida por la Suprema Corte de Justicia sino que después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, ratificó lo actuado por la Suprema Corte de Justicia, lo cual puede leerse en la página de fallos de interés del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Por último, sostuvo que esta práctica de la IDM “de suspender juicios para negociarlos, realmente no parece ser correcta desde el punto de vista de la legalidad y la transparencia. Abogamos por que la Intendencia defienda los intereses del departamento y por qué las playas de Maldonado sigan siendo públicas, dado que entendemos que no hay nada que negociar al respecto, en virtud de lo claro de las leyes que regulan la materia”.