El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo el 7 de mayo, establece que las empresas con más de 25 empleados que tomen nuevo personal deberán contratar a personas con discapacidad, en distintos porcentajes. También hay disposiciones con respecto a las licencias de padres con hijos con discapacidad y otras vinculadas a los aportes al BPS.

El tema ya fue abordado a nivel parlamentario y existe un proyecto de ley a estudio de la Cámara de Senadores, con la sanción de Representantes, razón por la que el proyecto no se extiende sobre la pertinencia de brindar una solución a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la actividad privada.

El proyecto consta de 20 artículos. El primero define que toda empresa privada que cuente con 25 o más trabajadores, en todo nuevo ingreso de personal que ocurra a partir de la vigencia de esta ley, deberá emplear a personas con discapacidad en distintos porcentajes, que oscilan de acuerdo al número de empleados.

En el artículo 8, se establece que las personas que presenten discapacidad y quieran acogerse a los beneficios previstos en el proyecto de ley, deberán inscribirse en el registro de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad para ser tenidos en cuenta.

El artículo 10 dispone un sistema de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por un término de hasta tres meses, motivada por razones directamente relacionadas con la discapacidad del trabajador. Asimismo, el artículo 11 aborda la situación de aquellos trabajadores que adopten hijos con discapacidad.

En este aspecto, la ley consagra el derecho a solicitar hasta un total de 10 días anuales de licencia con goce de sueldo para controles médicos. El artículo 12 expresa que quienes tengan hijos con discapacidad o enfermedad terminal tendrán derecho a una licencia especial anual de 96 horas.

Asimismo, el artículo 15 establece los aportes jubilatorios patronales que se deberán realizar al Banco de Previsión Social (BPS) correspondientes a las personas con discapacidad. En tal sentido, el primer año aportarán el 25%, lo que llega a un 100% el cuarto año.

Este proyecto prevé la creación de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que funcionará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y será responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas para la aplicación de la ley.