La edila María del Rosario Borges (Partido Colorado) presentó en el plenario de la Junta Departamental de Maldonado, un proyecto de ley de cuotas para mujeres víctimas de violencia, del que tomó conocimiento a través de Zonta Maldonado-Punta del Este y que fue iniciativa de la doctora Raquel Longo.

Borges, tras hacer un repaso por la historia de la institución, dijo que Zonta Punta del Este-Maldonado viene reuniéndose con los distintos partidos políticos, en procura de apoyo para su proyecto, enmarcado en la compleja situación de violencia que vive la sociedad “y en particular las mujeres víctimas de este flagelo”.

Expuso que, según datos del Ministerio del Interior, Uruguay pasó a registrar, a nivel policial, de 6.802 denuncias en el año 2005, a 39.000 denuncias al finalizar el año 2017. Para hablar solo de Maldonado, dijo que Zonta prestó asistencia en 1.661 casos durante 2016, y una cifra similar en 2017.

Se constató que la mayoría de las víctimas fatales no pudo sustraerse a sus agresores por carecer de recursos propios y teniendo a su cargo hijos menores de edad, “se concluye en la imperiosa necesidad de ofrecer posibilidades de trabajo a mujeres que se encuentren en esa situación”, remarcó,

El proyecto, “establece una cuota para el ingreso a trabajos ofrecidos por organismos estatales para mujeres que sean víctimas de violencia y posean los requisitos necesarios para el cargo. Es un proyecto que puede salvar vidas”, insistió María del Rosario Borges, antes de dar lectura al texto del proyecto.

El texto

“1) El Estado, los Gobiernos departamentales, los Entes autónomos, los Servicios descentralizados y las personas de Derecho Público no estatales, están obligados a ocupar personas víctimas de violencia doméstica en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes.

2) Los requisitos exigidos para dichas designaciones serán los siguientes: A) Que la postulante reúna las condiciones de idoneidad para el cargo. B) Que tenga a su cargo hijos menores de dieciocho años. C) Que carezca de medios propios adecuados para sostenerlos. D) Que acredite la condición de víctima de cualquier forma de violencia doméstica mediante resolución judicial -Ley Nº 17.514- o alguna ONG que trabaje con mujeres, niños y niñas en situación de violencia doméstica.

3) La obligación mencionada refiere tanto a las funciones y cargos contratados como a los presupuestados.

4) El cálculo del 4% de las vacantes se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas Unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integren cada uno de los organismos mencionados en el artículo 1º. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

5) La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará anualmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las de Derecho Público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Semestralmente, dichos organismos deberán indicar también el número de personas víctimas de violencia doméstica que haya ingresado y los cargos ocupados.

6) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá comunicar anualmente en la rendición de cuentas el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando la cantidad de vacantes de cada uno de los organismos obligados, la cantidad de víctimas de violencia incorporadas en cada organismo e indicando además aquellos organismos que incumplan el artículo 5º o cualquier otra disposición de esta ley.

7) Las personas víctimas de violencia doméstica que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley deberán inscribirse en un registro que será abierto a tales efectos en el Instituto Nacional de la Mujer”.

Lo expuesto por la edila Borges, fue acompañado por la Junta Departamental, y sería remitido a Zonta, a la dirección de Género de la Intendencia de Maldonado, a todos los partidos políticos, al Intendente Antía, a las comisiones de Género y Equidad, de Trabajo y de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Legislativo, y a todos los municipios del departamento.