El diputado Diego Echeverría (Partido Nacional), presentó un proyecto de Ley para la creación de la figura del “Defensor del Adulto Mayor”, que busca proteger a esa franja etaria. Según el último censo realizado hace 10 años, Uruguay tiene 457.662 personas mayores de 65 años, aproximadamente el 14% de la población del país.

 

El martes, el legislador blanco por Maldonado, presentó un proyecto de Ley vinculado a la protección de este sector de la población, a través de la creación de la figura del Defensor del Adulto Mayor, figura que existe en varias legislaciones del mundo.

Es un instrumento de protección de los derechos humanos, de uno de los sectores más vulnerables de la población. “Debemos legislar en la materia, debemos proteger los derechos humanos de los más vulnerables, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es el ámbito ideal”, dijo.

Además, Echeverría manifestó que “Los derechos humanos debemos interpretarlos con una mirada amplia y moderna, para que nadie sea vulnerado en los mismos”.

Nuestro país, según el Censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, tiene 457.662 personas mayores de 65 años, representando aproximadamente el 14% de la población del país, concentrados principalmente en las zonas urbanas, un 47%  en Montevideo.

Las mujeres, representan aproximadamente el 60% de ese universo. Alrededor del 60 % de los adultos mayores sólo tienen un nivel de instrucción primaria. Unas 11.500 personas viven en hogares de larga estadía. Uruguay, tiene uno de los índices de envejecimiento y sobre envejecimiento más altos de América Latina.

Nuestro país, ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por Ley N° 19.430. De acuerdo al literal E del Artículo 4 de la referida Convención, el Estado promoverá la creación de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

En tal sentido, el Estado se obligó a adoptar medidas legislativas, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar actos de violencia contra la persona mayor, la creación y fortalecimiento de servicios de apoyo para atender casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono, entre otras cosas.

En ese sentido, corresponde al Poder Legislativo dictar leyes tendientes a la protección de los derechos individuales, por lo cual la creación de una Defensoría del Adulto Mayor en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, procurará dar la mayor efectividad a la protección de los derechos humanos de este grupo vulnerable.

Alcances de la figura

En ese sentido, en este proyecto, se pretende que el titular de la Defensoría del Adulto Mayor tenga el mismo nivel institucional que los integrantes del Consejo Directivo, dotándolo de los poderes jurídicos necesarios para su actuación en el ámbito administrativo y jurisdiccional de acuerdo a sus cometidos.

Por su parte, el Consejo Directivo, tendrá una competencia concurrente en materia de derechos humanos, pero la Defensoría del Adulto Mayor tendrá especificidad en la materia para fortalecer la protección de este grupo de personas y principalmente a los más vulnerables.

El Defensor del Adulto Mayor deberá tener una participación activa en todo el país, contemplando las diversas situaciones que existen en el interior del país en la materia y atendiendo a una población con dificultades de traslado a la capital, muchos de ellos institucionalizados.

Además, la posición orgánica que se proyecta, señala el proyecto presentado por el diputado Echeverría, implicará una distribución de recursos humanos y materiales dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de forma que su creación no genere aumentos presupuestales.

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