Durante la extensa reunión, se abordaron fundamentalmente dos grandes temas en los que la administración departamental hace hincapié: la seguridad y el abordaje profundo del problema de las adicciones.

En reunión mantenida con representantes de la embajada de Estados Unidos en Uruguay, el intendente Enrique Antía brindó detalles de lo que entiende es la mayor obra pública por más de US$ 22 millones, en la creación de una red de cámaras de video vigilancia y un moderno centro de comando.

Señaló que el Ministerio del Interior ampliará a las costas de Rocha y Canelones la vigilancia, utilizando el mismo servidor y respaldo que tiene Maldonado, y que, el acuerdo con el gobierno de Israel, a través del gobierno nacional, fue clave para implementar el proyecto con los ministerios de Defensa e Interior.

Además, explicó a la delegación encabezada por el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Uruguay, Karl Ríos, que el Centro de Comando Unificado (CCU), demanda US$ 1,3 millones por año entre salarios y gastos de funcionamiento y que en 2025 pasará a la órbita del Ministerio del Interior.

La delegación visitó Maldonado durante este miércoles 1° de febrero y recorrió el centro de videovigilancia. La delegación extranjera, también se mostró muy interesada por “Integra”, el plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones, comprometiendo su colaboración.

El coordinador de “Integra”, Darío Pérez, sostuvo que el tema adicciones no puede entenderse sin comprender el narcotráfico que ha tenido un crecimiento importante; indicó que en Uruguay, el Estado está ausente desde 2002 cuando empezó a ingresar la pasta base, por lo que “ha corrido de atrás”.

Asimismo, señaló que el Estado tiene entre 100 y 120 camas cuando en realidad se requieren más de mil. “No hay lugares para tratamientos. En Maldonado no hay dónde ingresar a pacientes críticos que deberían estar 15 días limpios y sin antecedentes”, agregó Pérez, lo cual consideró grave.

Añadió que actualmente “hay de 250 a 300 adictos, y otros en recuperación, que están en organizaciones como Beraca o Remar”. Asimismo, se mostró preocupado por los jóvenes en los barrios más pobres porque no tienen cómo afrontar tratamientos que van hasta los US$ 2000mensuales.

Informó que el 95% de la población reclusa en Las Rosas tiene problemas de adicciones, lo que transforma a esos centros en “fábricas de criminales”. Pérez aseveró que “si la situación continúa así, el futuro no es bueno”. En referencia al consumo, sostuvo que el 60% es adicción al alcohol y en los más jóvenes.

Karl Ríos, se mostró de acuerdo con Pérez y con la necesidad de actuar, por lo cual quedó el compromiso de poder avanzar en intercambios de experiencias a través de distintos programas que tiene la embajada e “Integra”. Mediante los denominados centros de crisis, el objetivo es trabajar en forma conjunta.

El intendente Antía reivindicó la creación del plan piloto que mostrará el rol de los gobiernos departamentales en territorio y destacó el compromiso de Pérez y su equipo. Afirmó que los resultados permitirán, no con discursos sino con hechos, llevar el tema a nivel país más adelante.

Por su parte e director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia de Maldonado, Miguel Plada, aseguró que en este departamento “hay gente que logró dejar refugios y pasar al círculo laboral”, y esto “demuestra que se puede” atacar la problemática transformada en un flagelo.

Respecto a las adicciones, insistió en la necesidad de aumentar el número de camas en el centro de El Jagüel, además de crear el Centro de Desintoxicación en Aiguá, para lo cual se necesitan recursos. Puntualizó que el departamento quiere actuar y demostrar que Maldonado se preocupa y se ocupa del tema.

La delegación estuvo integrada por Karl Ríos, además de Eric Geelan, de la oficina Política y Económica; Sheree Marambio, oficial de Seguridad Regional y Asistente de la oficina de Seguridad Regional; Marcelo Paglia de la sección Económica; y Agustina Gari, de la sección Política de la embajada.