Los diputados nacionalistas Elisabeth Arrieta (Maldonado) y Nicolás Olivera (Paysandú), presentan un proyecto de ley que busca limitar las discriminaciones por edad, sexo o identificación de género al mercado laboral. El proyecto consta de 5 artículos y tiene objeto buscar la igualdad y justicia para todas las personas, defendiendo su derecho al trabajo.
El proyecto de ley, sostiene que, la verificación del incumplimiento de la prohibición dará lugar a que las personas que se sientan lesionadas queden habilitadas a realizar la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En la exposición de motivos, los diputados Elisabeth Arrieta y Nicolás Olivera, expresan que el envejecimiento poblacional que presenta Uruguay y las dificultades para el acceso a puestos de trabajo para determinados sectores de la sociedad, fueron puntos que los impulsaron a promover la iniciativa.
Se trata de una “propuesta inclusiva, que tienda a mitigar la desigualdad y las restricciones en el acceso y/o reinserción a la actividad laboral de cualquier índole”, subrayan los legisladores en otro tramo de la exposición de motivos del proyecto de ley presentado.
El objetivo es la “eliminación de cualquier ámbito de discriminación que fomente la selección de las personas por su edad, sexo o identificación de género, y no en función de su capacidad, idoneidad para la tarea, experiencia, estudios y capacitación previa”, agregan.
La prohibición contenida en el proyecto, pretende paliar los efectos derivados del impacto de la edad en el empleo, sobre todo en aquellos casos de trabajadores en ambos extremos de la pirámide de edades, tanto los que superan los 40 años de edad como los más jóvenes que buscan trabajo, sin afectar los regímenes.
Los legisladores blancos sostienen que no debe perderse de vista la situación socio-demográfica, donde Uruguay se ubica como el país más envejecido de América Latina (Banco Mundial - CEPAL 2016), valoración que incide directamente en materia de trabajo y empleo.
Cuestión de sexo
Manifiestan que indicadores y encuestas de diversas organizaciones especializadas nacionales e internacionales, muestran que el acceso y permanencia de hombres y mujeres en el mercado laboral remunerado son desiguales, dejando a las mujeres en situación de peores condiciones, lo que limita su autonomía económica.
Expresan que según los mismos estudios, la tasa de actividad se incrementa según aumentan los ingresos del hogar, tanto para varones como para mujeres. “La desigualdad se profundiza para las mujeres de quintiles de ingresos más bajos, aumentando la brecha de género en ese sector”, advierten.
Por otra parte, de los estudios realizados se puede afirmar que, al igual que con la “tasa de actividad”, la “tasa de empleo” muestra que ésta varía con la edad, siendo que tanto para varones como para mujeres la mayor tasa de empleo se tiene entre 30 y 49 años, comenzando a disminuir a partir de los 50 años.
Según información recabada en múltiples estudios, Arrieta y Olivera explican que, a partir de una simple y aleatoria verificación de los llamados u ofertas laborales para puestos de trabajo difundidos en el año 2016, ya sea para el ámbito público o privado, se puede constatar la existencia de límites.
Estos están fundados en la edad o el sexo como requisitos excluyentes, fijando mayoritariamente un tope de 35 años. También se observan restricciones en el límite inferior de edad, dejando de lado en muchos casos la posibilidad de que un sector de jóvenes tenga la posibilidad de competir por un puesto laboral.
Indican que, “todos estos elementos relacionados constituyen importantes implicaciones para el acceso y el mantenimiento de las fuentes de trabajo, lo que sumado al envejecimiento de la población, supone una clara acentuación de este problema”.
Finalizan afirmando que, “en el actual mercado laboral existen dificultades vinculadas a la edad de los potenciales interesados para el acceso al mismo, siendo aún mayores en el caso de las mujeres, por lo que se entiende necesario contribuir a eliminar esas barreras predeterminadas para los postulantes”.