La Justicia homologó este viernes el acuerdo conciliatorio alcanzado por la Intendencia de Maldonado y los permisarios de vehículos con taxímetro nucleados en Cepatama. El director de Tránsito y Transporte de la comuna, resaltó la vocación de diálogo que mantiene la administración.

Este viernes se desarrolló la segunda jornada de la audiencia convocada por el Juez Civil de Feria de 6° Turno de Maldonado, tras la interposición de una acción de amparo por parte de Cepatama, la gremial de la patronal del taxímetro de Maldonado.

El Juez, homologó el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en las últimas 48 horas, en virtud que valoró la postura asumida tanto por Cepatama como por la Intendencia de Maldonado y la disposición a trabajar juntos de cara al futuro.

El director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, recordó que permanentemente ha habido diálogo y reuniones con los taxistas en procura de encontrar soluciones a las problemáticas planteadas por el sector.

Pígola dijo que la comuna “sigue ratificando la vocación de diálogo entre los actores de la sociedad civil y es lo que vamos a seguir haciendo”, generando reuniones y un trabajo conjunto para detectar claramente que es lo que hay para corregir de cara al futuro.

Recordó, además, que el planteo de Cepatama por la irrupción de Uber en el departamento y eventualmente de otras aplicaciones del mismo tipo, es un tema que se encuentra para ser analizado en la Junta Departamental apenas sea levantado el receso.

“Esto es un trabajo que nos parece bueno, hay un planteamiento por primera vez de un tema que es el transporte oneroso no autorizado de pasajeros, que vamos a tener que ver donde está” porque, “a veces el cúmulo de problemáticas no permite ver la magnitud de algunos temas”, acotó.

El reclamo

Cepatama, con la firma de unos 80 taximetristas decidió iniciar acciones legales, “manteniéndonos en nuestra habitual postura serena, hornada y firme, sin generar enfrentamientos”, y “confiando a la Justicia la salvaguarda de nuestros derechos”, habían dicho.

Los taximetristas pretendían que se obligara a la IDM a disponer de inspectores para que fiscalicen específicamente a los conductores de Uber, lo que fue descartado oportunamente por el propio jefe comunal y por el director general de Tránsito y Transporte.

El pedido era para que se realicen controles puntuales en las zonas de mayor trabajo en estos momentos y donde se ha detectado la presencia de automóviles operando para la aplicación, como el puerto de Punta del Este y el aeropuerto de Laguna del Sauce.

El objetivo de la pausa dispuesta por el Juez, fue para que las partes encontraran una alternativa antes de un pronunciamiento. La Intendencia, ha reiterado que apenas se levante el receso de la Junta Departamental, volverá a trabajar sobre una normativa.