Los recursos transferidos por el gobierno nacional a los 112 municipios crecieron de $ 100 millones en 2015 a más de $ 1.000 millones en 2018, informó el director de Descentralización de la OPP, Pedro Apezteguía.

Como parte de la apuesta al desarrollo de cada uno de los 112 municipios del territorio nacional, el gobierno promueve la implementación del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, instrumento creado en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana N° 19.272.

Allí se prevén criterios de distribución de fondos a cada jurisdicción, se promueve la planificación de la gestión, la participación ciudadana y la transparencia. En la ley de presupuesto se prevén las partidas anuales transferidas a los programas presupuestales municipales a medida que cumplan la normativa.

El fondo pasó de disponer de unos $ 100 millones en el año 2015 a $ 1.008 millones en 2018, cifra que se incrementará en 2019, según estimó el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía.

“Multiplicar por diez las transferencias de los municipios (también) multiplica la realidad de cada uno de ellos y mejora las posibilidades de los vecinos de opinar hacia dónde van los recursos”, añadió antes de explicar que la ley prevé tres criterios de distribución de los aportes.

Una partida anual igual para todos los municipios (son 112 en todo el país), otra asignada de acuerdo a las características estructurales socioeconómicas y demográficas, y una tercera transferencia por cumplimiento de las metas que se hayan trazado.

La distribución progresiva de los recursos es una de las bases de esta herramienta e implica que aquellos municipios cuya población registra mayores índices de vulnerabilidad también reciben un mayor número proporcional de recursos para el desarrollo de políticas que compensen las desigualdades sociales y territoriales.

Además, OPP impulsa la planificación de la gestión como uno de los pilares básicos para el funcionamiento correcto de los municipios. Por eso, cada jurisdicción del tercer nivel de gobierno diseñó planes quinquenales para el período 2016-2020 y planes operativos anuales.

“La OPP está convencida que sin una planificación exhaustiva que nos permita actuar sobre la realidad de hoy, pero que nos permita diseñar las alternativas para el futuro, no es posible la gestión pública”, indicó Apezteguía, agregando que estos esquemas “son más detallados y ajustados a la realidad”.

“Cuando se avanza desde lugares muy profundos de desigualdad, de pobreza, los primeros pasos permiten superarlo más fácilmente que cuando hay que ser más precisos; hoy requerimos mayor precisión de las políticas públicas y para eso es imprescindible la planificación”, puntualizó.

Apezteguía destacó la importancia de disponer de políticas públicas gestionadas de manera eficiente. “La mano invisible del mercado incrementa inequidades, aumenta las diferencias, permite que el más grande abuse del más chico y por lo tanto son las políticas de intervención sobre la realidad las únicas que nos aseguran que todos los ciudadanos puedan realizar sus objetivos personales y colectivos”, concluyó.